Obligados a huir o a atrincherarse en sus hogares. El año pasado, más de 250.000 colombianos sufrieron restricciones o alteraciones a su libertad de movimiento por cuenta del accionar armado de grupos ilegales. Según el más reciente informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), este flagelo, arraigado en la violencia histórica del despojo, continuó ocurriendo en paralelo al aumento de las hostilidades.Esta organización, consultora de la ONU y la OEA, hizo una radiografía del tránsito humano forzado en el país, donde se cruzan el desplazamiento interno y la ola migratoria de población venezolana que decide asentarse o de otros extranjeros que ‘pasan’ rumbo al norte.Frente a los ocho focos de conflicto activos, según esta ONG, “hunden sus raíces en el despojo de tierras, fenómeno que ha afectado de manera desproporcionada a la población indígena, afro y campesina. El despojo material ocurre cuando se amenaza o se emplean otros tipos de violencia directa para producir desplazamientos y abandonos forzados de tierras”.Aunque la violencia del despojo ha sido perpetrada para obligar a huir a las víctimas, nuevas dinámicas criminales han surgido. Entre ellas, el confinamiento. Solo el ELN ha decretado, en el último año, nueve paros armados en Chocó, el departamento más golpeado por esta problemática, obligando a las comunidades a recluirse en sus territorios, despejándolos para actuar a sus anchas.Codhes también incluye el desplazamiento transfronterizo, que hace referencia a exilios, refugios y asilos en otros países, como consecuencia de la guerra.El estado de cosas inconstitucionalDesde 1985, ocho millones de colombianos han sufrido desplazamiento forzado, siendo uno de los países con mayor número de víctimas del mundo. Pese a la firma de la paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc en 2016, las nuevas disputas de los grupos residuales siguen engrosando esta cifra. Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos el año pasado se registraron 58.192 personas desplazadas. Los departamentos más afectados fueron Nariño, con 24.138 víctimas; Cauca, con 10.742; Chocó, con 6.763; y Valle del Cauca, con 4.468.En cuanto a los confinamientos, que durante el último año fue una práctica recurrente de la guerrilla del Eln y el clan del Golfo, ensañándose sobre todo contra las comunidades étnicas, afectaron al menos a 195.447 personas. En este contexto se cuentan episodios dramáticos como el que vivieron los ribereños del medio y bajo San Juan, en Chocó, quienes tuvieron que atrincherarse en medio de la peor emergencia invernal registrada en décadas. Se les negó la asistencia humanitaria y la posibilidad de resguardarse del desbordamiento de los ríos en un lugar seguro. Los departamentos con más víctimas fueron precisamente Chocó (63.515), Cauca (47.671) y Caquetá (42.719).De acuerdo con Codhes, “la salida forzada del país es una de las últimas medidas que toman las personas que son víctimas de diversas violencias sociopolíticas o del conflicto armado. Esto lo hacen para salvaguardar su vida, ya sea reconociéndose abiertamente como víctimas —acudiendo al asilo político o a figuras de refugio y protección internacional— o desplazándose forzadamente a otros países”. Los defensores de los derechos de las personas migrantesLa organización entregó un balance sobre la situación de las personas defensoras de los derechos de los migrantes, “quienes enfrentan graves riesgos por la misma presencia de los grupos armados que obligan a desplazarse” a sus protegidos. “Este tipo de defensa de derechos ha adquirido mayor relevancia desde la firma del acuerdo de paz en 2016, pues este reconoce a las víctimas en el exterior y contempla la restitución de tierras para víctimas del desplazamiento forzado y el despojo”, reconoce Codhes. Precisamente, estas organizaciones y personas han acompañado la obtención de documentos regulatorios a población migrante también ha incluido la labor de organizaciones y personas colombianas Y han tomado la vocería para la defensa de esta población del crimen organizado.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia