La lucha a ráfagas de Francisco contra la pederastia | Sociedad

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.───────────La pederastia clerical ha sido la batalla más difícil de Francisco durante sus 12 años de pontificado, y aunque se ha empeñado personalmente, con decisiones radicales en muchos momentos, el resto de la jerarquía, los obispos de cada país y la burocracia vaticana no siempre le han acompañado. Ha emitido normas, siempre tuvo discursos duros, ha derrochado humanidad en sus encuentros con víctimas, pero la limpieza a fondo y la admisión de la verdad, la puesta en práctica efectiva de sus reformas, no dependía solo de él. Francisco se ha movido a ráfagas, pero ha dejado aún mucho por hacer, no ha podido solo con todo. Un reproche habitual de las asociaciones de víctimas de todo el mundo es que han sido años de bonitas palabras y muchas medidas, pero pocos avances. En el balance desigual de esta batalla, es significativo el caso de España: el Papa siempre ha mirado para otro lado. Pese a la investigación de EL PAÍS que ha revelado ya cientos de casos, Francisco decidió delegar la gestión del problema en la Iglesia española y no enfrentarse a ella. El resultado ha sido la negación del problema durante años, la inacción y la opacidad, con escasos y lentos avances.Cuando Jorge Mario Bergoglio se sentó en el trono de San Pedro, en marzo de 2013, continuó con la línea de su predecesor, Benedicto XVI, no se notó ningún volantazo evidente. Daba por hecho que la Iglesia ya había reaccionado. Es más, una de sus primeras decisiones fue desestimar la petición que la ONU le envió ese año para que destituyera “de sus cargos y entregue a la policía a todos aquellos que sean culpables de abusos sexuales a menores”. Francisco se resistió. “La responsabilidad es del sistema judicial”, respondió la Santa Sede.El papa argentino tenía muchos frentes abiertos y dentro de todas las reformas que puso en marcha, decidió crear en marzo de 2014 un organismo ad hoc, la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, que sin embargo durante estos años apenas ha aportado nada y ha atravesado momentos de crisis, con críticas abiertas de algunos miembros sobre su ineficacia y la denuncia de las dificultades internas. La comisión tardó casi diez años en hacer su primer informe, presentado en octubre de 2024, sin cifras de incidencia y valoraciones críticas de problemas ya conocidos.Tuvieron que pasar cinco años para que algo cambiara, por una primera experiencia de impacto personal con el escándalo que alteró la postura del Papa: los casos de abusos en Chile. Durante su viaje de enero de 2018 a Chile y Perú, junto a una acalorada bienvenida en Santiago, también se encontró con las protestas de un grupo de víctimas que atacaban al obispo de la ciudad de Osorno, acusado de encubrir a pederastas. Los sobrevivientes de las agresiones sexuales del cura Fernando Karadima recibieron una escueta contestación del Papa: “No hay una sola prueba en contra”. Pero aquel episodio le revolvió por dentro, sobre todo tras el encuentro con algunas de las víctimas, que le conmocionaron íntimamente. Además comprendió que la información que le llegaba de los obispos no era de fiar. Entonces ordenó una investigación propia sobre el caso a dos de sus hombres de confianza, el obispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu. El resultado de su informe fue demoledor y obligó al Papa a reconocer en una carta a la comunidad chilena “haber incurrido en graves errores de valoración”. Convocó a todos los obispos de Chile en el Vaticano y les obligó a presentar su dimisión en bloque en junio de 2018.Tras la hecatombre de la Iglesia chilena el escándalo pareció desbordarse, con nuevos casos en otros países, de Alemania a Australia, que a veces acusaban a personalidades de peso, como el cardenal y arzobispo emérito de Washington, Theodor McCarrick, que acabó expulsado. También la conferencia episcopal de Francia también anunció el inicio de una gran investigación independiente ―que en 2021 concluyó con un informe que hablaba de más de 330.000 casos―. Del mismo modo, el escándalo comenzó a surgir en España, gracias a la investigación de EL PAÍS. En octubre de 2018, este diario puso en marcha una investigación que, en su primer artículo, solo contabilizó 34 sentencias condenatorias por pederastia eclesial en los últimos 30 años. Hoy, la base de datos de este periódico, la única en España que lleva la cuenta del fenómeno, contabiliza 1.550 acusados y 2.870 víctimas. Son datos obtenidos con una nula colaboración de la Iglesia española, que se encerró en la negación del problema y replicaba que eran “pocos casos”.Ante la avalancha de casos en todo el mundo, en 2018 Francisco agradeció su trabajo a la prensa, llamó “lobos” a la jerarquía eclesial que miraba hacia otro lado y convocó a los obispos de todo el mundo a una cumbre en el Vaticano dedicada exclusivamente a la pederastia. Fue en febrero de 2019 y el Pontífice aprobó luego una importante reforma de la ley canónica, un motu proprio llamado Vox estis lux mundi, que obligaba a investigar a los clérigos pederastas ante el conocimiento de cualquier indicio, incluso anónimo, o noticia en los medios de comunicación. Hasta entonces, para la Iglesia las víctimas que salían en los medios no existían, solo si acudían a un obispos o al superior de una orden religiosa. Francisco también abrió cauces de reparación para los afectados e incluyó el encubrimiento como un delito grave. En 2019 publicó un vademécum con las reglas para abordar los casos, obligó a cada diócesis a abrir oficinas de atención a las víctimas y eliminó el secreto pontificio sobre estos delitos.En España, no obstante, la Iglesia se resistió a investigar los casos del pasado y revelar lo que sabía. Aún a comienzos de 2021 la Conferencia Episcopal (CEE) seguía diciendo que en España había “cero casos o muy pocos”. Para entonces, este periódico contabilizaba ya 243 acusados y al menos de 550 víctimas. Francisco no se pronunció esos años sobre lo que lo que estaba sucediendo en España. Hasta que el Vaticano por fin emitió una breve declaración, a favor de las víctimas españolas, cuando en diciembre de 2021 EL PAÍS le entregó en mano al Papa un informe con 251 casos inéditos. El impacto de este trabajo llevó al Congreso de los Diputados a encargar una investigación independiente al Defensor del Pueblo, y la Conferencia Episcopal se vio obligada a emprender por fin una propia: aunque siempre dijo que nunca lo haría, encargó un auditoría a un bufete de abogados.Este diario entregó en los años siguientes otros cuatro informes, con un total de 783 relatos en más de 1.600 páginas. El Vaticano nunca ha respondido sobre ello, y ha delegado todo a una Iglesia que, hoy en día, cuenta con casi una setentena de obispos y superiores religiosos españoles acusados de encubrimiento o silenciamiento. El Papa no reaccionó siquiera en 2023 a la encuesta del informe del Defensor del Pueblo, que estimó el porcentaje de víctimas de abusos en la Iglesia en un 1,13% de la población, equivalente a unas 440.000 personas según los cálculos de los medios. Era un silencio extraño, teniendo en cuenta sus críticas con la gestión del escándalo tras estudios e informaciones similares en países como Estados Unidos, Francia, Portugal o Italia.Lo que se sabe del escándalo, en realidad, es la punta del iceberg, según los expertos, y la Iglesia no ha dejado de moverse con la lentitud y la opacidad de siempre. En cada diócesis los obispos siguen haciendo lo que les parece y cuando las denuncias llegan a Roma se empantanan en la burocracia. Francisco ha logrado cambios ocasionales, a fuerza de impulsos esporádicos, y a menudo solo ocurría algo si víctimas o periodistas lograban entrevistarse con él y contarle su caso. Un ejemplo es el caso Gaztelueta, un colegio del Opus Dei en Bizkaia, que se archivó canónicamente, pese a que el Tribunal Supremo condenó al profesor acusado. Sin embargo, tras hablar con la víctima, Francisco ordenó reabrirlo y terminó con la expulsión del pederasta.Sucedió lo mismo con el caso del Sodalicio de Vida Cristiana, potente organización ultraconservadora en Perú. Las primeras denuncias fueron en 2001, luego llegaron más al arzobispado de Lima en 2011, en 2015 estalló el escándalo con el libro de dos periodistas, Paola Ugaz y Pedro Salinas, pero seguían sin tomarse medidas. Hasta que los dos reporteros fueron a Roma a ver a Francisco en persona en 2022, para que oyera de sus bocas lo que ocurría. Entonces el Papa volvió a encargar una investigación propia a Scicluna y Bertomeu. En menos de tres años, el Sodalicio acabó disuelto, este mismo mes. Pero si no hubieran ido a ver al Papa, quizá no hubiera ocurrido nada. Miles de víctimas en todo el mundo no han tenido esa suerte y siguen esperando una respuesta.