El reciente ataque atribuido al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) ‘Jorge Suárez Briceño’, liderado por alias Calarcá, generó fuertes cuestionamientos de la Procuraduría hacia el Ministerio de Defensa, que mantiene suspendidas las operaciones ofensivas contra este grupo con del decreto 0448 del 17 de abril de 2025.Precisamente este domingo, el pelotón del Batallón de Infantería N°19 José Joaquín París Ricaurte en el departamento de Guaviare fue atacado mientras estaban en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Charras, en Guaviare.En el lugar, seis uniformados fueron asesinados. Otros cinco fueron secuestrados y posteriormente liberados.Asimismo, al violento fin de semana, se sumaron los 18 policías y militares que han sido asesinados en las últimas semana en el llamado ‘plan pistola’. El Ministerio de Defensa señaló al ‘clan del Golfo’, el Eln y las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’ como los responsables de estos hechos.La Procuraduría condenó los ataques, exigiendo la captura y condena de autores. Foto:Archivo particular.La petición de la ProcuraduríaSobre estos hechos, el Procurador Delegado, Samuel Arrieta, le solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, una respuesta institucional frente a esta agresión:Informe detallado sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos que afectaron a los miembros de la Fuerza Pública.Criterios técnicos, jurídicos e institucionales que el Gobierno prevé implementar o aplicar para fortalecer la protección de los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, especialmente en zonas de alta afectación al orden público.Medidas adoptadas frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, relacionadas con los riesgos para la Fuerza Pública en el marco de los decretos de cese al fuego.Tres policías heridos fueron evacuados en motocarro tras violento ataque. Foto:Cortesía4. Parámetros que se establecerán para la toma de decisiones en materia de investigación criminal frente a los hechos violentos perpetrados contra uniformados.5. Procedimientos o mecanismos de análisis de riesgo que hayan implementado el Ejército Nacional y la Policía Nacional para identificar niveles de amenaza y adoptar medidas preventivas para proteger la vida de sus integrantes.6. Estrategias de coordinación interinstitucional que se hayan puesto en marcha para mejorar la protección de uniformados en zonas rurales o de especial vulnerabilidad.7. Posibilidad de modificar o revocar el Decreto 0448 del 17 de abril de 2025, en caso de determinarse que su vigencia genera vulnerabilidad para la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública.Bajo esta norma se suspendieron las operaciones militares ofensivas, “sin eximir a la Fuerza Pública de su obligación de preservar la integridad del territorio y garantizar el orden constitucional”, dice el documento.Para la Procuraduría, este tipo de acciones violentas “amenaza con debilitar la institucionalidad democrática y la confianza pública en la capacidad del Estado para mantener la seguridad y la convivencia pacífica”.El Ejecutivo tiene tres días para responder al requerimiento.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.comMás noticias: