El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó al término de un consejo de Seguridad y Paz que el Gobierno está recopilando información sobre los recientes hechos atribuidos a las disidencias de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.Se trata de una comisión analiza los datos para determinar el rumbo del cese al fuego con ese grupo armado. Según el jefe de la cartera de seguridad, la fuerza pública mantiene instrucciones de continuar con labores de inteligencia y contrainteligencia frente a todas las amenazas, incluyendo a las disidencias mencionadas, aun cuando exista una suspensión de operaciones ofensivas.“Si la fuerza pública en su maniobra llega a encontrarse con una amenaza en la cual hayan hombres o mujeres armadas, independientemente del parche o de la caracterización que tengan, deben emplear absolutamente toda la capacidad y la fuerza legítima del Estado” advirtió el jefe de la Defensa.La cúpula de la fuerza pública durante el consejo de paz y seguridad con el presidente Petro. Foto:Cortesía Presidencia/César Carrión.El funcionario señaló que hay evidencia sobre la responsabilidad de esa estructura en ataques recientes contra miembros de la fuerza pública; en este sentido, aseguró que será el comité del Gobierno el encargado de establecer los detalles precisos de los hechos ocurridos.El jefe de la cartera de Defensa indicó que la continuidad del cese al fuego se definirá el miércoles, una vez se estudie el informe final elaborado por la comisión encargada del seguimiento a esta estructura armada.Durante su declaración, el ministro recordó que esta agrupación insurgente ha permanecido en cese de operaciones por más de 700 días; sin embargo, mencionó que los ataques recientes ponen en duda la disposición de sus integrantes hacia la paz.Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Foto:Archivo particularHabló de CatatumboEn relación con el panorama de seguridad en el Catatumbo, Sánchez Suárez señaló que el Gobierno ha iniciado un plan de acción dividido en cuatro fases: salvar vidas, afectar la amenaza, estabilizar la región y mantener la sostenibilidad.La situación en esta región incluye el asesinato de más de cien personas y el desplazamiento de alrededor de 64.000 habitantes, según cifras entregadas durante el consejo de seguridad realizado con autoridades locales y nacionales.El ministro expresó preocupación por las limitaciones presupuestales que podrían dificultar la implementación completa de las medidas previstas para la zona; entre ellas, el fortalecimiento de capacidades estratégicas como la movilidad aérea y la defensa antidrones.Por último, indicó que, sin el financiamiento necesario, las operaciones en el territorio podrían quedar restringidas; señaló que la protección de la población civil depende de contar con los recursos adecuados para garantizar la presencia estatal.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: