Luego del portazo de la Fiscalía a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz —quien buscaba un principio de oportunidad por su implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo—, su abogado, Oswaldo Medina, pidió una rectificación. El pasado 29 de abril, la fiscal María Cristina Patiño afirmó que las pruebas entregadas por la defensa, con el fin de respaldar el beneficio de inmunidad total, eran insuficientes. Además, sostuvo que, supuestamente, durante las negociaciones, los dos delegados del ente acusador habrían recibido chantajes y amenazas.La exconsejera Sandra Ortiz se encuentra en la Escuela de Carabineros de la Policía. Foto:Archivo particular“Considerando la gravedad de los delitos por los cuales Ortiz es procesada frente a la información que ofrece, no existe posibilidad de otorgarle una inmunidad total”, dijo la fiscal.La situación se agravó cuando se conocieron denuncias sobre supuestos intentos de presión y amenazas a los dos fiscales asignados al caso, justo después de que notificaran a Ortiz de la negativa.“Estos principios de oportunidad se fundamentan en la confianza y la veracidad de la prueba. No sentimos que podamos confiar en una persona que varía, es errática y entrega información que debería permanecer confidencial hasta que terminen las negociaciones”, advirtió Patiño.Ortiz, imputada por lavado de activos y tráfico de influencias, es señalada de haber actuado como enlace entre directivos de la Unidad y miembros del Congreso, donde supuestamente terminaron parte de las coimas. Tras el fallo de la Fiscalía, solo podrá acceder a un preacuerdo que implica una rebaja de pena.Solicitud de Sandra Ortiz a la Corte Suprema. Foto:Archivo ParticularEsa negociación, sin embargo, deberá concretarse antes del juicio, que se ha dilatado. Ortiz permanece recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá, a la espera de la audiencia de acusación, reprogramada varias veces y actualmente agendada para el próximo 12 de junio a las 8:00 a.m.La respuesta de la defensaFrente a las acusaciones de los fiscales, el abogado Oswaldo Medina negó categóricamente que durante las negociaciones se haya ejercido algún tipo de presión indebida:“No es cierto que Sandra Ortiz, este defensor o algún miembro del equipo de trabajo haya amenazado, chantajeado ni mucho menos constreñido a los fiscales delegados para esta investigación. Las negociaciones se llevaron a cabo en el búnker de la Fiscalía y con presencia de mi representada, a quien se le permitió revisar su celular, que estaba incautado en ese momento, para elaborar matrices de colaboración con información de interés para la Fiscalía”, afirmó Medina.Sobre las pruebas presuntamente “erráticas y manipuladas”, el abogado afirmó que “todos los documentos y las revisiones que se realizaron con la Fiscalía General de la Nación, incluyendo el análisis del teléfono celular, se enmarcan dentro de los límites de la legalidad y la veracidad. Serán las autoridades judiciales las encargadas de otorgarles el valor probatorio correspondiente.”El guiño a la Corte SupremaEn vista de la negativa de la Fiscalía al principio de oportunidad —que implicaría beneficios punitivos considerables para la acusada—, la defensa de Sandra Ortiz solicitó a la Corte que la escuche en los procesos actualmente abiertos contra aforados salpicados en el escándalo. No obstante, en junio del año pasado, el alto tribunal ya le había brindado esa oportunidad, pero la exconsejera presidencial decidió guardar silencio.Según su abogado, en ese momento no estaban dadas las condiciones de seguridad.Mujer muere y su hijo desaparece tras lluvias en Medellín Foto:”Sandra Ortiz, desde el primer momento, ha tenido la disposición de contarle la verdad al país. Sin embargo, deben entender que deben existir unas garantías mínimas de seguridad y debe haber claridad sobre su situación dentro del proceso antes de que comience a rendir declaraciones ante la Corte y las demás entidades del Estado interesadas en el caso”, aseguró.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia