La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia votó en contra del proyecto de fallo del magistrado Misael Fernando Rodríguez, que proponía dictar medida de aseguramiento contra los cinco congresistas vinculados al entramado de corrupción en la UNGRD. La investigación continuará, pero los parlamentarios seguirán ejerciendo sus funciones.EL TIEMPO conoció por fuentes del alto tribunal que la Sala no acogió el documento de más de 500 páginas presentado por el magistrado Rodríguez, en el que reunía la evidencia de la participación de Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique en el saqueo y direccionamiento de los contratos de la entidad. El excongresista Juan Diego Muñoz no fue incluido en el sentido del fallo. Carlos Ramón González y los cuatro alfiles presidenciales que han caído en el escándalo. Foto:ArchivoLos dos senadores y tres representantes están en la mira de la justicia desde el 24 de mayo del año pasado, cuando la Corte expidió el auto que ordenó abrir investigación previa. El 27 de julio, comunicó formalmente a los aforados su vinculación al caso y, el 12 de noviembre, abrió instrucción formal en su contra.El material probatorio en su poder, que sustenta su participación en el que es considerado el mayor escándalo de corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro, incluye los interrogatorios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD ya condenados como principales responsables del desfalco. También se incorporaron al expediente registros de conversaciones y una libreta clave.A la carpeta del caso se sumaron los testimonios del exasesor del Dapre Jaime Ramírez Cobo; la exsecretaria privada de López, Diana Carolina Martínez Joya; el exdirector de Crédito Público, José Roberto Acosta; y las funcionarias del Ministerio de Hacienda Luz Stella Campillo, Lady Nathalie Gómez y Andrea Carolina Ramírez, de Función Pública. De esta última entidad también fue vinculado el exdirector César Manrique, sobre quien la Fiscalía dictó medida de aseguramiento.La Corte Suprema realizó una inspección a la Fiduprevisora, donde recolectó información sobre los contratos firmados por la entidad y los que habrían servido como canal para desviar recursos y pagar coimas con dineros de la UNGRD.Los expresidentes del Congreso, Andrés Calle e Iván Name fueron enviados a la cárcel por este caso. Foto:Archivo ParticularAsimismo, el alto tribunal inspeccionó la sede del Ministerio de Hacienda y obtuvo los expedientes laborales de funcionarios de la Dirección de Crédito Público y de los asesores de la oficina de enlace con el Congreso, con el fin de ahondar en los posibles vínculos entre los parlamentarios y los convenios cuestionados.Otras de las pruebas incluyen el registro de visitantes e ingresos a la entidad, un back-up del perfil de usuario de un servidor del Ministerio y los expedientes de los contratos celebrados por esa cartera. En noviembre del 2024, los cinco congresistas y el exsenador Juan Diego Gómez fueron llamados a interrogatorio.Los señalamientosA los parlamentarios, miembros de las comisiones económicas, la Corte los señala de haber avalado operaciones de crédito a cambio de dádivas, que salieron de proyectos financiados con recursos de la UNGRD en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar.Esta célula legislativa maneja la chequera del Gobierno. Es la encargada de discutir y aprobar la Ley de Presupuesto, sus adiciones —como la que elevó el monto de 665.000 millones de pesos a 2,2 billones— y la ampliación de la capacidad de endeudamiento del país.#Colombiaen5minutos Foto:Y, según el expediente, en el visto bueno de algunos de estos asuntos fiscales hubo acuerdos ilegales que habrían sido pactados con conocimiento del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también vinculado al escándalo.El senador Julio Elías Chagui, del Partido de la U, y la senadora Martha Peralta Epiayú, también fueron salpicados en el entramado corrupto y están bajo indagación de la Corte.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia