Marquis José Oñate Aria llegó a la audiencia de verificación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con una verdad que lo ha acompañado por dos décadas. Representa a su familia en el caso por el asesinato de su hermano, Néstor Rafael Oñate Aria, un campesino indígena del pueblo Kankuamo, ejecutado el 17 de abril de 2004 en la finca Las Palomitas, en Valledupar, y luego presentado falsamente como un guerrillero muerto en combate por tropas del batallón de infantería No. 2 La Popa.“Personas que tenían el deber de protegerlo acabaron con la vida de un campesino, una persona trabajadora, aferrada a su familia. Acabaron con los sueños de un hermano, de una familia y de unos hijos”, dijo Marquis, con voz firme, frente a los exmilitares señalados como responsables. La Gobernación del Cesar se comprometió a financiar parte de la obra. Foto:JEPPara él, el proceso ante la JEP ha traído un alivio parcial. “Jamás vamos a encontrar un alivio total, porque este dolor nunca va a sanar. Siempre va a estar ahí, en cada rincón de la casa, en el pueblo, con la ausencia del hermano”, afirmó mientras observa la foto de su hermano.Sin embargo, algo cambió cuando pudo mirar a los ojos a uno de los comparecientes y escuchar: “Tu hermano no era un guerrillero”. Ese momento, dijo, fue lo más importante de todo el proceso: la posibilidad de limpiar el nombre de su ser querido. LEA TAMBIÉN Este caso es uno de los 245 casos que estuvieron representados durante dos días de audiencia de verificación en Valledupar. Frente a las víctimas se sentaron los 12 exintegrantes del batallón La Popa: Carlos Andrés Lora Cabrales, Ever Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Yeros Andrés Gómez Coronel, Álex José Mercado Sierra, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Elkin Rojas y Guillermo Gutiérrez Riveros. Todos aceptaron su responsabilidad en al menos 135 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005.La audiencia realizada el 24 y 25 de julio en Valledupar, exigida por la ley estatutaria de la JEP antes de la imposición de cualquier sanción, fue presidida por los magistrados Zoraida Anyul Chalela, Juan Ramón Martínez, Camilo Suárez, Ana Manuela Ochoa y Roberto Carlos Vidal, de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Ahora, la Jurisdicción tiene un plazo de 20 días para emitir la sentencia.245 casos que estuvieron representados durante dos días. Foto:JEPLas sanciones que se contemplan no incluyen penas de prisión, ya que los exmilitares se acogieron a la justicia transicional, reconocieron su responsabilidad desde el inicio del proceso y aportaron verdad plena. En su lugar, deberán cumplir entre cinco y ocho años de trabajos, obras y acciones restaurativas en los territorios afectados.“A veces uno dice: deberían estar presos. Pero la verdad es que, si le hubieran dado a mi hermano la prioridad de vivir, preferiríamos haber podido visitarlo cada día, verlo con vida. No tuvimos esa posibilidad”, reflexionó Marquis.Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la JEP, explicó que las sanciones fueron diseñadas de forma articulada con las víctimas, el Estado y las autoridades territoriales, y que se verificaron sus condiciones técnicas y de financiación para evitar que se conviertan en “elefantes blancos”. “No son propuestas simbólicas, son compromisos reales con las víctimas y los territorios”, aseguró.los exmilitares se acogieron a la justicia transicional. Foto:JEPUna de las medidas centrales es la construcción de un mausoleo de la memoria en Valledupar, en el cementerio Jardines del Ecce Homo, donde se han exhumado 287 cuerpos, muchos de ellos sepultados como cadáveres no identificados. El proyecto busca garantizar una disposición digna y a perpetuidad para estos restos. La Gobernación del Cesar se comprometió a financiar parte de la obra; la Diócesis de Valledupar ofreció un terreno, y la Alcaldía ha manifestado su disposición a adquirir el predio restante. LEA TAMBIÉN Este mausoleo hace parte del Plan de Memorialización de la Costa Caribe, que también contempla la construcción de un Parque Memorial en Luruaco, Atlántico, como espacio de memoria, pedagogía y dignificación.Las medidas de sanción también incluyen un eje de sanación, armonización territorial y fortalecimiento organizativo, especialmente con enfoque étnico. Para el pueblo Kankuamo, del que hacía parte Néstor Rafael Oñate, se proyecta la construcción de un Centro de Armonización en el resguardo de La Mina (Valledupar), en un predio de 9.047 metros cuadrados. La iniciativa ya cuenta con estudios previos y respaldo de la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar y la Corporación Autónoma Regional del Cesar.las sanciones fueron diseñadas de forma articulada con las víctimas Foto:JEPEste centro incluirá un museo, espacios de medicina ancestral, áreas agrícolas y 690 metros de vía mejorada. También se construirá un centro integral para el pueblo Wiwa, con el fin de fortalecer su identidad cultural y espiritual.En el eje de infraestructura comunitaria, las sanciones contemplan la creación de casas culturales y multipropósito, como la del Consejo Comunitario José Prudencio Padilla, que servirán como espacios de encuentro, formación y reconstrucción del tejido social. Además, el componente de productividad y generación de ingresos incluye el programa Sembradores de amor y paz, con proyectos económicos diseñados para y por víctimas en zonas rurales y urbanas.Las medidas están orientadas a impactar directamente a comunidades en 14 municipios del Caribe y Cundinamarca, entre ellos Valledupar, La Paz, Agustín Codazzi, Santa Marta, Barranquilla, Maicao, Bogotá y Chía, donde confluyen hechos, víctimas y comparecientes. LEA TAMBIÉN Durante la audiencia, la magistrada Ana Manuela Ochoa subrayó que las sanciones fueron construidas con participación de las víctimas y que, si bien los alcances de la JEP en materia de reparación son limitados, lo que se busca es que las medidas restaurativas respondan a las necesidades reales de quienes sufrieron el daño.”Ha sido valioso para nosotros escucharlos. La Sección analizará y estudiará la información de cara a proferir, en el menor tiempo posible, la sentencia”, enfatizó la magistrada Ochoa.Para Marquis Oñate, como para muchos otros, el camino hacia la justicia no borra el dolor. Pero sí abre una posibilidad de sanación. “Gracias a Dios y a la vida que me ha dado el privilegio de contactarme con los 12 comparecientes. Uno de ellos me reconoció que mi hermano no era un guerrillero. Eso, para mí, lo cambió todo”.Juan Diego TorresEnviado especial a Valledupar