En medio de la controversia nacional por los posibles beneficios penales que se estarían considerando para integrantes de estructuras armadas ilegales en el marco de la llamada paz total, EL TIEMPO conoció que uno de los señalados por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay empezaría a explorar un preacuerdo con la Fiscalía.Se trata de Elder José Arteaga, alias El Costeño o ‘Chipi’, quien estaría dispuesto, según una fuente judicial consultada, a entregar información sobre presuntos autores materiales e intermediarios que habrían participado en el atentado del pasado 7 de junio, ocurrido en el occidente de Bogotá. Estos son los seis capturados hasta el momento por el atentado a Miguel Uribe. Foto:Archivo particularLa colaboración, de concretarse, no se limitaría a ese caso. Arteaga también estaría mencionando su presunto conocimiento o participación en otros hechos violentos registrados en Medellín, Barranquilla y la capital del país. A cambio, estaría buscando beneficios judiciales y garantías de seguridad para su núcleo familiar. “Lo que se está explorando sería una figura de preacuerdo. Él mismo habría manifestado su interés de entregar información sensible que permitiría ampliar las investigaciones”, explicó una alta fuente judicial, que precisó que todo se encuentra aún en una etapa inicial y bajo estricta reserva.Alias ‘El Costeño’ Foto:EL TIEMPOEntre los beneficios que buscaría alias ‘El Costeño’, estaría una rebaja significativa de pena, la figura de conexidad procesal para unificar varios de los procesos en su contra, y medidas de protección para sus allegados, incluso con posible solicitud de asilo internacional.La Fiscalía, por su parte, evaluaría nuevas imputaciones en su contra, entre ellas tentativa de homicidio, hurto calificado y concierto para delinquir. De formalizarse el preacuerdo, estas conductas se incluirían dentro de una sola investigación, lo que abriría la puerta a que se le considere para eventuales beneficios judiciales si cumple con las condiciones.El caso se inscribe en un momento de alta sensibilidad política, en el que desde varios sectores se cuestiona si los beneficios contemplados en la propuesta de justicia transicional del Gobierno —inspirados en el modelo de Justicia y Paz— podrían terminar siendo aplicados a capos urbanos con largo prontuario criminal.Alias El Costeño ha sido señalado como uno de los principales articuladores del crimen organizado urbano en Bogotá, especialmente en la localidad de Engativá, desde donde, presuntamente, coordinaba la ejecución de delitos a través de outsourcing criminal.Elder José Arteaga, ‘el Costeño’ en audiencia. Foto:Archivo particularSu nombre ha sido vinculado a la organización ‘La Zaga’, que delinquió en 2020 en la capital del país, dedicada a la producción y comercialización de sustancias como el 2CB falso. También ha sido capturado en varias ocasiones por porte ilegal de armas de fuego (2010, 2011 y 2013), y más recientemente, en 2024, por un caso de violencia intrafamiliar.“Se trataría de un intento por entregar información clave que permita avanzar en la judicialización de otros actores materiales del atentado, así como de estructuras armadas con las que habría tenido relación criminal”, señaló la fuente consultada.Sin embargo, desde el propio búnker del ente acusador se advierte que la colaboración debe cumplir estrictas condiciones: la información debe ser veraz, comprobable, útil judicialmente y entregada de manera oportuna. De lo contrario, no se activarían los mecanismos de beneficio.En lo inmediato, se espera que el proceso de valoración jurídica de la Fiscalía avance en los próximos días. Por ahora, no hay pronunciamiento oficial sobre los términos ni sobre si el preacuerdo será viable.El caso Miguel Uribe sigue generando interrogantes sobre los alcances de la autoría intelectual y los intereses que podrían estar detrás del ataque. La eventual colaboración de ‘El Costeño’ podría, si prospera, aportar nuevas luces en un expediente que aún tiene muchas piezas por encajar.LAURA GARCÍAJUSTICIA