El ingeniero Rodrigo Santamaría, profesor de la Universidad de Salamanca, recibió una llamada inesperada de la Policía Nacional el lunes 18 de noviembre de 2024. Al otro lado del teléfono, un inspector anunció que el rector de la institución salmantina, Juan Manuel Corchado, había denunciado su propia biografía de la Wikipedia por un supuesto delito de calumnias. Santamaría era el autor de esa página, un texto aséptico que se limitaba a resumir los hechos: que el rector es uno de los científicos más citados del mundo en el campo de la informática, pero porque “presuntamente infla sus cifras con perfiles falsos y exige a sus trabajadores que le citen”. El profesor aceptó acudir a comisaría y declaró ante dos policías que aquellos datos eran de interés público y sobradamente conocidos por noticias en la prensa. La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca ha decretado el sobreseimiento de la denuncia de Corchado, tras constatar que el artículo de la Wikipedia no era constitutivo de ningún delito.Los profesores críticos con su gestión creen que el rector pretende amedrentar a los pocos que se atreven a pedir su dimisión en público. “Su finalidad es asustar”, resume Santamaría. Este periódico ha preguntado a Corchado, a su abogado y a su jefa de gabinete cuáles eran las presuntas calumnias presentes en la Wikipedia, sin recibir respuesta.El rector ha protagonizado un escándalo en la ciencia española. EL PAÍS reveló hace un año mensajes internos que demostraban que Corchado había organizado un cártel de citas a sí mismo. Durante años, exigió a sus trabajadores que le citasen hasta 20 veces en cada estudio. Además, se benefició de multitud de perfiles falsos de científicos inexistentes, creados para mencionar compulsivamente las obras de Corchado. Así se convirtió en el cuarto científico más citado de España y en uno de los 250 más mencionados del planeta en su campo, recibiendo millones de euros de financiación pública. La editorial Springer Nature decidió en octubre retirar 75 estudios del rector de Salamanca y sus colaboradores tras constatar estas prácticas fraudulentas.Más informaciónPese a la revelación de sus trampas, divulgadas por todo el mundo en prestigiosas revistas especializadas como Science, Nature y Times Higher Education, Corchado se niega a dimitir y cuenta con el apoyo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular. El autor de la página de la Wikipedia, Rodrigo Santamaría, de 44 años, fue uno de los pocos profesores de Salamanca que pidió públicamente firmas para solicitar a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y a la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, Eva Alcón, una investigación definitiva sobre las prácticas de Corchado. Santamaría compartió ese manifiesto en sus redes sociales el 7 de noviembre. Unos días después recibió la llamada de la policía.Un colaborador firmó una publicación sobre la seguridad informática en redes de distribución eléctrica, en la que el 94% de las referencias (29 de 31) son citas a trabajos de Corchado, incluso sobre el cáncer y el CO₂ en el océano.EL PAÍS La carta enviada a las autoridades nacionales imploraba ayuda, ante la complicidad del Gobierno autonómico, que colabora con el rector en una operación urbanística para construir un nuevo campus. “No aclarar los hechos […] transmite la idea de que las instituciones responsables toleran el fraude y ofrecen impunidad”, advertía la misiva, que pedía la creación de una instancia estatal con capacidad sancionadora y mecanismos efectivos para evitar las trampas. Corchado, que maneja un presupuesto de 300 millones de euros anuales, incluso aparecía en una foto en la página 3 del programa electoral del Partido Popular para las elecciones municipales de mayo de 2023.“Somos conscientes de la autonomía universitaria y del papel de las comunidades autónomas, pero estimamos que el Ministerio tiene la obligación de intervenir, porque esas malas prácticas buscan alterar deliberadamente la competitividad en la concesión de fondos públicos de investigación, así como el acceso a las plazas de profesor funcionario y/o contratado, asuntos estos que sí son de su incumbencia”, continuaba la carta, registrada en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el 9 de diciembre.Cuatro meses después, los profesores no han recibido ninguna respuesta, ni de la ministra ni de la presidenta de los rectores, según lamenta José María Díaz Mínguez, catedrático de Genética de la Universidad de Salamanca y otro de los promotores de la carta. Más de un millar de científicos de toda España firmaron el manifiesto, incluidos Ana Crespo, presidenta de la Real Academia de Ciencias; Joan Elías, exrector de la Universidad de Barcelona; Pello Salaburu, exrector de la Universidad del País Vasco; y Alfonso Valencia, director del Instituto Nacional de Bioinformática. “Lo de ese señor es una vergüenza para la universidad”, sentencia Salaburu.Ante la pregunta de si el Ministerio de Ciencia va a atender la solicitud del millar de firmantes, un portavoz responde: “Respeto escrupuloso por la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Española que garantiza la independencia de las universidades en nuestro país. Respeto por el proceso mediante el que cada comunidad universitaria decide cómo se tiene que elegir a aquella persona que mejor la represente y mejor la puede gobernar. Para este Ministerio, en todo caso, cualquier persona elegida en un proceso para ejercer el cargo de rector o rectora tiene que estar a la altura de los valores que representa la comunidad universitaria”. Corchado se presentó en mayo de 2024 como único candidato a las elecciones a rector, recibiendo el apoyo del 6,5% de los 33.000 universitarios que estaban convocados a votar, con un histórico voto en blanco de la mitad del profesorado.El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, el 31 de mayo de 2024.USALLa Universidad de Salamanca dio a conocer en septiembre un escueto informe que exculpaba a su rector, elaborado por un viejo conocido de Corchado. El Comité Español de Ética de la Investigación —un órgano independiente creado en 2023 por el Gobierno y las comunidades autónomas— rechazó aquel informe insustancial y pidió una auténtica investigación imparcial, ante “la presunta gravedad” de los hechos. Dos reputados expertos en bibliometría de la Universidad de Granada, Emilio Delgado y Alberto Martín, analizaron la producción de Corchado a petición del comité y certificaron la “manipulación deliberada” y “sistemática” de su currículum. En noviembre, el propio presidente del comité de ética, Jordi Camí, afirmó en una entrevista con EL PAÍS: “Es una situación insólita que demuestra que la autonomía universitaria, una gran conquista a preservar, debería tener algunos límites razonables que permitieran abordar este tipo de situaciones”.El rechazo a las trampas del rector es generalizado. La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) emitió en junio un contundente comunicado pidiendo unas nuevas elecciones rectorales. “Su reputación como investigador está clara y gravemente en entredicho, lo que sin duda alguna salpica la reputación de la propia Universidad de Salamanca y, por extensión, la de la universidad española en su conjunto, tanto en el plano nacional como en el internacional”, alertó entonces la COSCE, una organización que engloba a 88 sociedades que representan a más de 40.000 científicos.La estrategia de Corchado ha sido declararse objetivo de una supuesta campaña de difamación. “He sido víctima de delitos de suplantación de identidad, contra el honor y la propia imagen y amenazas contra mi integridad física, así como la vulneración de mi derecho a la protección de datos personales. Todos los delitos han sido denunciados ante las autoridades policiales y judiciales competentes, y se encuentran en fase de investigación, por lo que no puedo ofrecer más datos”, aseguró el 30 de septiembre.El rector acaba de impulsar un apagón informativo en la Universidad de Salamanca. Hasta ahora, las reuniones del Consejo de Gobierno de la institución se retransmitían en directo para todo el mundo en YouTube. El 27 de marzo, este órgano decidió dejar de emitir sus sesiones, gracias a los votos de los miembros del equipo de Corchado y de los delegados nombrados por él.La Universidad Complutense de Madrid también acabó en septiembre de 2024 con las retransmisiones públicas de las reuniones de su Consejo de Gobierno, alegando “la protección de derechos de imagen de los consejeros”, según explica una portavoz. Sin embargo, en el caso de la institución madrileña se siguen emitiendo con acceso restringido a la comunidad universitaria. En Salamanca, nadie podrá ver de qué se habla en las reuniones, según denuncia José Antonio Sendín, profesor de Filosofía del Derecho y presidente del comité de empresa del personal docente e investigador de la universidad salmantina. “También se ha aprobado que las grabaciones de las reuniones del Consejo de Gobierno, una vez utilizadas para hacer la transcripción en el acta, sean destruidas. Es una medida absolutamente ilegal”, advierte. El propio Corchado votó a mano alzada a favor de cancelar las retransmisiones, como se pudo ver en la última emisión pública, que ya ha sido borrada de internet.

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