Comida casera para combatir la mala calidad en los comedores escolares de Andalucía | Noticias de Andalucía

Adelante Andalucía ha presentado este viernes una ley de comedores escolares que pretende cambiar el modelo de prestación de este servicio, para que todos sean de gestión directa, es decir atendidos por personal de la Junta de Andalucía, y con cocina in situ, poniendo fin, así, a la gestión indirecta (a través de convenios y externalización), que es el patrón que se ha consolidado en los últimos años en la comunidad. A la espera de ver si prospera en el Parlamento autonómico, la iniciativa ha puesto el foco sobre una de las quejas recurrentes de las familias andaluzas: la mala calidad de la comida que sus hijas e hijos ingieren y la opacidad a la hora de poder acceder a esos menús y constatar si cumplen con los criterios establecidos en cuanto a cantidad, estándares nutricionales y origen ecológico de los alimentos.Las madres y padres andaluces lo tienen claro. “La comida no es ni tan de cercanía, ni de calidad”, sostiene Rocío Begines, responsable de la Comisión de Comedores de Codapa la Confederación Andaluza de Asociaciones De Madres y Padres del alumnado por la educación pública. Además de por las quejas que reciben a través de las Ampas de toda la región –“es el asunto que más descontento genera”, subrayan-, la entidad apoya su afirmación en los resultados de una encuesta que realizaron entre más de 3.700 familias junto con la ONG Justicia Alimentaria en 2022-2023 y cuyo diagnóstico se va a hacer público en las próximas semanas. “Seis de cada 10, aseguraban que sus hijos e hijas salían con hambre del comedor”, señala su coordinadora, Erin McNulty, que advierte de que parte de ese problema deriva del elevado porcentaje de privatización en la gestión.Pastel de salmón, uno de los platos del menú que se sirve en los comedores escolares andaluces. / CORTESÍA DE CODAPAEn Andalucía, 211.000 alumnos acuden a comedores escolares públicos, que dependen de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), donde el menú, de 5,54 euros al día, está subvencionado al 100% en el 70% de los casos. 1.446 contratan con empresas de restauración colectiva a través de licitaciones, a los que hay que añadir los 314 que gestiona directamente la Consejería de Desarrollo Educativo. “Se trata solo de un 18%. Lo que pedimos es que se proteja ese porcentaje y que se amplíe paulatinamente esa gestión directa”, indica McNulty.Tanto para la ONG como para Codapa, este modelo, donde todos los centros cuentan con una cocina in situ en la que se elaboran todos los platos, es el que garantiza una mayor calidad de los menús, frente al de gestión indirecta, en el que en la mayoría de los casos (de esos 1.446 comedores, solo 194 cuentan con cocina propia) el servicio se presta a través de la línea fría: se preparan en un centro específico -en la mayoría de los casos en una provincia diferente de donde se sirve- y se trasladan dos veces por semana a los colegios, donde se recalientan. Apoyan su argumentación con los datos de su encuesta. “El 83% de los niños que comían en centros con cocina externalizada salían con hambre, frente al 48% que lo hacían con cocina in situ”, indica McNulty.Cuatro empresas se reparten el 89% del servicioCocina del colegio CEIP Gomez Moreno de Granada, en 2021, cuando estaba gestionado por su Ampa. Foto: Fermin RodriguezFermin RodriguezEl actual sistema andaluz de licitación del servicio de comedor por lotes no favorece, tal y como denuncia Adelante Andalucía y las Ampas, que se preserve la gestión directa o que puedan concurrir pequeñas empresas locales que sí podrían garantizar que se sirvieran productos de proximidad que favorezcan al comercio local, otra de las medidas recogidas en la ley que ha presentado la coalición andalucista. En la última licitación del año pasado -para un período de dos años- nueve empresas se adjudicaron todos los lotes, cuatro de las cuales -de las que dos están vinculadas- obtuvieron el 89% de todos los contratos. “En 2019 hubo 27 adjudicatarias, en 2021, 18. Con lotes tan grandes, algunos con más de 50 centros, es imposible que puedan competir las pequeñas empresas, que han sido expulsadas”, indica McNulty.Una excepción, porque su lote solo incorporaba un centro, es el CEIP Europa José Ramos Santander, en Almería, donde su Ampa ganó la adjudicación. Actualmente, este es el único colegio de la comunidad cuyo comedor es gestionado por las madres y padres. “Cada vez es más complicado concurrir, a nosotros nos favorece, respecto de la competencia, el hecho de que llevamos mucho tiempo ocupándonos del comedor y tenemos la facturación en regla”, explica Daniel Lazo, el responsable de la gestión de este servicio. “Todo lo gestionamos con proveedores locales”, explica. De los 700 alumnos del centro, unos 340 comen allí. “A los padres le da tranquilidad que lo gestione el Ampa, porque las quejas las podemos atender de manera inmediata, el que tiene que atender a 100 comedores es complicado que pueda mantener una relación tan directa”, indica.Hasta hace cuatro años, el Ampa del CEIP Gómez Moreno de Granada también gestionaba directamente el comedor del centro, pero en 2021, precisamente las condiciones de la licitación, que favorecían a las grandes empresas que podían pujar por más lotes, les hicieron perder ese control. Consiguieron recuperarlo acordando una concesión con la adjudicataria, que el año pasado, volvieron a tratar de reeditar con la sucesora. “Lo conseguimos, pero al ponerlo en conocimiento de la APAE nos dijeron que hasta septiembre no podrían hacerla efectiva, Esto para nosotros ha sido un varapalo muy grande”, reconoce su presidenta, Alba Abdel-fatah Martínez. Han logrado que se subrogue a la plantilla de cocineras y monitoras que tenían y, aunque también se mantiene su recetario, “la calidad de la comida no es la misma, porque la materia prima no es ecológica, ni local, porque viene de otros lugares, ni fresca, porque la traen una o dos veces por semana”. “No hay voluntad por parte de la administración de perpetuar este modelo”, se lamenta.En el CEIP La Raza, de Sevilla, la comida se elabora en Jerez de la Frontera, a 91 kilómetros. “La calidad es terrible, los garbanzos duros, elaboración inadecuada, sabe mal y los niños no comen”, explican desde el Ampa, que se queja de que la entidad no tiene acceso al comedor y que se dificultan las catas. Esa falta de comunicación y transparencia por parte de las empresas de restauración colectiva es algo generalizado, como denuncian desde Codapa, así como la dificultad para abordar estos temas con la APAE. “Hemos mandado todas las quejas y no hemos recibido respuesta, con la anterior empresa conseguimos una inspección, pero desconocemos el resultado”, indican desde el Ampa.La patronal del sector de la restauración colectiva de Andalucía (Aercan) ha indicado a este diario que las quejas por las que se les ha preguntado son “un tema recurrente e injusto, dirigido desde un colectivo muy concreto” y derivan a la APAE para que valore la calidad del servicio prestado, a través de las encuestas que maneja. La consejera Carmen Castillo aseguró este miércoles en el Parlamento que los técnicos de la Consejería de Salud y Consumo revisan y validan cada mes los menús y que la APAE audita cada año el 20% de los comedores escolares. Las causas más frecuentes de incumplimiento, aseguran desde la Consejería de Desarrollo Educativo, son la ratio de monitores, porque no se sustituyen las ausencias, y el número de monitores de mejora; el incumplimiento de ingredientes ecológicos; el suministro de comidas de cocina central de manera distinta a la estipulada en el contrato o la no instalación de barreras acústicas. En el curso 23-24 de los 112 expedientes de penalización, “solo uno fue por problemas con la calidad de la comida”, afirmó Castillo. “La fiscalización no existe si solo se audita al 20% de los comedores, tampoco sabemos cuáles son las consecuencias de las sanciones, ni cómo se controla la procedencia de los alimentos…”, indica Begines.Una de las demandas de las familias y que también se recoge en la ley de Adelante es que todos los centros cuenten con cocina in situ, un compromiso que adquirió Javier Imbroda cuando fue consejero de Educación durante la primera legislatura de Juan Manuel Moreno, pero que apenas ha tenido desarrollo. En el CEIP La Raza, después de cinco años pidiéndola, han conseguido entrar en el lote de “propuesto para transformación” este año. “Pero nadie sabe quién debe asumir la inversión y la construcción, si la Junta o el Ayuntamiento, y el proyecto está parado”, indican desde el Ampa.Una inversión de 446 millones de eurosAdelante Andalucía considera que los cambios en el modelo de comedores escolares que recoge su propuesta de ley -que la gestión sea directa y por tanto pública y que todos los centros tengan una cocina in situ- supondría una inversión de 446 millones, 105 para la adaptación de las infraestructuras y otros 100 -anuales que se extenderían hasta los 341 millones en un plazo máximo de tres cursos escolares hasta llegar al 100% del cumplimiento de la ley, para garantizar la gratuidad de los menús, de acuerdo con la memoria económica que acompaña a la norma. “No pedimos la luna”, ha dicho su portavoz, José Ignacio García. La Junta ha destinado este año 87 millones al servicio de comedor escolar.
La iniciativa de la coalición andalucista pasa también por extender la obligatoriedad de la existencia de comedor en los centros de educación secundaria y por garantizar la presencia de profesionales especializados para atender a los menores con necesidades especiales, una carencia que también llevan demandando las Ampas.