La Corte Suprema de Justicia decidió continuar el juicio contra el precandidato presidencial Camilo Romero, quien había solicitado suspender las diligencias por la ausencia de su abogado titular, Miguel Ángel del Río. El magistrado de primera instancia, Ariel Torres, señaló que la abogada suplente estaba en capacidad de asumir su representación mientras Del Río supera un percance médico.Durante la audiencia, que fue suspendida y reagendada para el miércoles 9 de septiembre, el exgobernador de Nariño aseguró: “¿No era lo mínimo enterarme de que tenía una abogada de oficio para, al menos, vincularla al proceso y articular una estrategia de defensa? Ni siquiera me enteré de que tenía esa opción y ni siquiera ella conoce la estrategia de defensa. Ella tuvo acceso mucho antes, en la etapa preparatoria, a los documentos, pero no tiene la claridad de una estrategia. ¿Cómo se puede mantener la idea de que continúe esta audiencia?”, cuestionó.Camilo Romero, exgobernador de Nariño Foto:César Melgarejo / CEETRomero, quien está siendo procesado por irregularidades en el contrato del licor del departamento de Nariño, insistió en que el abogado titular es el único que puede nombrar un suplente y que no acepta esa suplencia porque “el momento en que va el proceso requiere que la defensa la asuma un abogado de su absoluta confianza como Miguel Ángel del Río, que ha tenido un inconveniente”. Señaló además que se requería una preparación ante los peritos, la cual no se ha tenido con la otra abogada.Pese a estas alegaciones, el magistrado Torres se negó a dilatar más el proceso. La audiencia en el marco del juicio continuará el martes 9 de septiembre. El proceso contra RomeroEn 2023, la Corte Suprema de Justicia había negado una solicitud de nulidad presentada por la defensa, que buscaba tumbar algunas pruebas de la Fiscalía. Sin embargo, la Sala se opuso.Romero enfrenta juicio en la Corte por supuestas irregularidades en un proceso de contratación al que dio el visto bueno cuando fue gobernador de Nariño, entre 2016 y 2019, para la comercialización de aguardiente en el departamento, rentas que cada ente territorial administra de manera autónoma. Por este caso también fue enjuiciado el entonces gobernador encargado, Mario Benavides.Corte Suprema de Justicia. Foto:EL TIEMPOEl costo del convenio fue de 18.000 millones de pesos y, según las pruebas en el expediente, se habría adjudicado ‘a dedo’, sin considerar otras propuestas ni verificar que la empresa contratante cumpliera con los requisitos.Por estos hechos también fue llamado a un juicio disciplinario por la Procuraduría, luego de que se encontraran presuntas faltas en el proceso contractual desarrollado entre el 24 y el 26 de agosto de 2016. En esos días, el secretario de Hacienda, en calidad de gobernador encargado, habría fijado precios y escalas de venta del Aguardiente Nariño Tradicional y del Aguardiente Nariño sin Azúcar, y autorizado la compraventa de los licores con la Organización de Licores de Nariño.Según el pliego de cargos –que constituye un llamado a audiencia pública, es decir, a un juicio disciplinario–, Romero habría omitido su deber de “someter al escrutinio correspondiente la actuación de los funcionarios bajo su dirección encargados del proceso de venta del Aguardiente Nariño y validar el mismo, dada la importancia y las repercusiones que una decisión sobre este particular tendría sobre las finanzas del departamento, sin dejar de lado el interés legítimo de los posibles compradores que manifestaron su intención de participar en el negocio”.Fiscalía solicitó condena por caso Marelbys Meza Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia