En las últimas semanas el barrizal de la judicialización amenaza la aplicación de la ley de eutanasia. Noelia, la joven parapléjica de 24 años cuyo padre se opone a que reciba ayuda para morir dignamente, ha ganado la primera batalla en los tribunales, pero está perdiendo otra muy principal: que reciba esa ayuda sin ser sometida a interrogatorios abusivos en una sala del crimen, ni acosada sin miramientos por abogados que se adjetivan cristianos y desgranan doctrinas en lugar de derechos. Dos juezas de Barcelona han paralizado desde hace casi un año la eutanasia a Noelia, aún cuando una de ellas, la magistrada Irene Urbón, en sentencia del pasado día 4, reconoció que el padre no está legitimado para actuar en nombre de la hija. Sin embargo, decidió seguir el proceso, aunque a puerta cerrada. Sorprendente decisión, que no se justifica pese a una sentencia posterior muy bien argumentada en favor de la joven. El de Noelia no ha sido el único caso. Hace unos días, El Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) avaló que un padre pueda frenar en la justicia la eutanasia de un hijo aunque no tengan relación. Se trata de Francesc, un hombre de 54 años que pidió la muerte digna tras sufrir tres ictus y dos infartos. Ahora, tendrá que pasar por un juicio antes de recibir la eutanasia, después que el TSJC estimara el recurso de apelación del padre.En el caso de Noelia, la joven ha sido sometida, sin necesidad, a un largo interrogatorio en el que hubo de escuchar cómo un abogado que se dice cristiano ponía en duda su salud mental y la capacidad para decidir libremente, y afirmaba que la joven incluso cambió una vez de opinión. Muy cierto esto último. Noelia lo hizo tras una encerrona que debería ser objeto de investigación policial. Unas jóvenes fanáticas se colaron en la habitación hospitalaria donde vive, la sacaron del sueño y la acorralaron hasta hacerla firmar un papelucho pidiendo atrasar seis meses la eutanasia para pensarla mejor. “No sabía lo que escribía, solo quería que se fuesen para seguir durmiendo”, explicó a la jueza.Fiscalía y Abogados CristianosSobre la legitimidad del padre para impedir los deseos de su hija, coincidieron la Fiscalía y Abogados Cristianos en la existencia de una vinculación familiar. El fiscal del caso no debería ignorar que el derecho a vivir (y a morir) es personalísimo e intransferible. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya sobre la cuestión. Y más. La vida de Noelia es un rosario de tragedias desde la infancia, pasó buena parte en centros de acogida porque a los padres, sumidos en adicciones, les fue retirada la custodia. Hace años que no vive con ellos, sino en una residencia hospitalaria, “al no tener techo ni red social que la pudiese amparar”, según la jueza. Antes había intentado suicidarse después de sufrir una agresión sexual.Desde entonces, quedó parapléjica en una silla de ruedas, con dolores y sufrimientos crónicos e imposibilitantes ―previa resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), que vela por que la ley de eutanasia se aplique correctamente―. Quedó fijada su eutanasia para el 2 de agosto de 2024. Ahí fue cuando entró en acción el padre, incitado por Abogados Cristianos. La jueza, que ese verano estaba de sustituta en uno de los juzgados de lo contencioso-administrativo, aceptó la petición de suspensión. Es el origen de este juicio, el primero en España sobre el tema. Ha tardado ocho meses en sustanciarse y aún puede soportar recursos.Una ley farragosa y con muchos miedosEl PSOE, después de muchas promesas electorales (la primera de 2004), elaboró en 2021 un texto farragoso para regular la eutanasia, en el que se dejaba ver el miedo a los obispos, con los que algunos ministros se reunían en secreto con frecuencia. Los exabruptos de algunos prelados no eran para menos. No fue el más brutal el del actual presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo Luis Argüello, pero sí el más notorio. “Ningún Gobierno tiene derecho a matarme antes de que la naturaleza lo prevea en aras de ahorrar dinero a la Administración”, dijo cuando era también portavoz oficial del episcopado. La organización Abogados Cristianos tiene su centro de operaciones en Valladolid, sede del pontificado de Argüello. Allí empezaron en 2011 su cruzada (nunca mejor dicho), en aquel momento contra el cómico Leo Bassi, que representaba en la capital castellana una obra de teatro en la que se disfrazaba de Papa.Lejos de aquí dar consejos, y menos si son buenos, el Ejecutivo socialista debería taponar pronto las grietas por las que los obispos, de la mano de Abogados Cristianos, pueden obstaculizar el derecho a la eutanasia. Hay tres objeciones principales a la ley, planteadas, en su día, por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). La primera es la abusiva burocracia a la que se somete a las personas en trance de morir. También son engorrosos y repetitivos los requisitos. Y se pone el énfasis en el sufrimiento y no tanto en la voluntad libre y decidida de morir.Por fin, la prontitud. Es disparatado, como le ocurre a Noelia, la lentitud del proceso, más de un año de desconfianzas y obstáculos. Sin menoscabar las garantías procesales, podrían arbitrarse plazos limitados, de un par de semanas, como los que existen en los procesos contemplados en la Ley Orgánica 2/1984 reguladora del Derecho de Rectificación.

El barrizal de la judicialización amenaza la ley de eutanasia | Sociedad
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