El Gobierno arranca al Poder Judicial sus millonarios fideicomisos

La larga batalla por el control de los millonarios fideicomisos del Poder Judicial tiene un vencedor. El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum ha arrebatado a la Judicatura el control de los recursos, alrededor de 11.000 millones de pesos. Nacional Financiera (Nafin), el banco estatal que fungía como custodio de los fideicomisos, notificó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que ya ha transferido el dinero a la Tesorería de la Federación (Tesofe), según han confirmado fuentes judiciales a EL PAÍS. La notificación se dio mediante un correo dirigido al CJF, en el que un representante de Nafin indicaba que la determinación se había tomado en acatamiento de “instrucciones superiores”. La eliminación de los fideicomisos por la polémica reforma judicial del año pasado levantó una fuerte polvareda. Hasta ahora, el dinero no se había traspasado a la Tesofe por el bloqueo de una serie de suspensiones judiciales, promovidas por la Judicatura, que prohibían cualquier movimiento respecto al destino de los fideicomisos hasta contar con una resolución final. Otra incógnita surge del hecho de que una parte de esos fondos tenían que utilizarse para pagar una indemnización a los jueces que decidieron no participar en la elección judicial o que no resulten votados.La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del CJF, ha propuesto a los integrantes del Consejo tomar la vía legal y presentar una denuncia para que la Fiscalía indague la irregular transferencia de los recursos, de acuerdo con las fuentes consultadas. La mayoría de los siete consejeros, sin embargo, optó por preguntar primero a Nafin y la Secretaría de Hacienda cuál ha sido el fundamento para extraer unilateralmente los fondos. El miércoles se tenía prevista una reunión entre los integrantes del CJF y un representante de Nafin, pero este no se presentó. El objetivo de la sesión era que el funcionario del banco explicase quién había instruido la transferencia del dinero a la Tesofe, aun con las suspensiones judiciales vigentes. La tarde de este jueves, el CJF emitió un comunicado en el que confirma lo adelantado por EL PAÍS e indica que “analiza la estrategia legal” a seguir.Las alertas en la Judicatura en torno a los fideicomisos se encendieron cuando, hace unos días, los encargados de las finanzas del CJF se percataron de que sus accesos a las cuentas habían sido revocados. Se contactaron con Nafin y en respuesta recibieron el correo en el que el funcionario justificaba sucintamente la decisión. Durante la reunión de este miércoles, a la que el representante del banco no asistió, los consejeros alineados al oficialismo —Bernardo Bátiz, Celia Maya, Verónica de Gyvés y Sergio Molina— señalaron que la extinción de los fideicomisos judiciales estaba prevista en el decreto de la reforma judicial, que se promulgó en septiembre, aunque reclamaron el hecho de que no se haya notificado al CJF de la maniobra para hacerse con los recursos.En la enmienda aprobada por el Legislativo se estableció un plazo de tres meses para la extinción de los fideicomisos. No obstante, Nafin informó en su momento de que no podía cumplir con ese mandato porque estaban vigentes las suspensiones dictadas por jueces federales. Tal circunstancia no ha cambiado, y sin embargo, no significó un impedimento para la maniobra del banco. La pregunta que flotó en la reunión del CJF es de dónde partió la decisión ejecutiva de brincar las resoluciones de los jueces. Fue cuando Piña dijo que no podía quedarse de brazos cruzados y propuso a los consejeros emprender la denuncia, tanto por el desacato de las suspensiones como por la violación de los contratos para los fideicomisos suscritos entre el Poder Judicial y Nafin. El bloque oficialista sugirió intentar una segunda reunión con representantes de Hacienda la próxima semana.Los recursos extraídos, según indican las fuentes, estaban depositados en cuatro fideicomisos: el de Pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados; Para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces; Para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, y de Apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Con corte a enero de este año, en esos instrumentos había depositados 10.267 millones de pesos.El asunto de los fideicomisos provocó una guerra política entre el Gobierno —entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador— y la Judicatura. El presidente señalaba que esos fondos eran usados por los jueces, a los que consideraba parte de una casta dorada, para pagar sus “privilegios”. López Obrador pretendía acceder a esos recursos y utilizarlos para financiar programas sociales destinados a los pobres y proyectos de infraestructura. El Poder Judicial respondió a los señalamientos del oficialismo argumentando que se trataba de inversiones para fines legales y que además generaban rendimientos. Cuando se dio el intento de extinguirlos, los jueces alertaron de que el pago de algunas prestaciones laborales dependía de los fondos depositados en tales instrumentos, y que su desaparición afectaría a jubilados y pensionados.La defensa de los fideicomisos sacó a la calle a miles de jueces y empleados administrativos de la Judicatura, que además protestaban contra la tan anunciada reforma judicial. El Gobierno insistió en que la extinción de esos instrumentos no afectaría los derechos laborales de los trabajadores. Esa idea difícilmente penetró. Mientras se aprobaba en las Cámaras la reforma, el oficialismo cedió un poco a las presiones: estableció una cláusula que autorizaba el pago de una indemnización equivalente a tres meses de sueldo y 20 días por cada año laborado para los jueces y magistrados en funciones que, bien no aceptaran ir a la elección judicial, bien aceptaran y perdieran en los comicios. La misma cláusula señalaba que ese pago se haría con cargo a los fideicomisos judiciales. Ahora, para cumplir con esa obligación, el Poder Judicial tendrá que solicitar los recursos al Congreso en el transcurso de la discusión del Presupuesto de Egresos para el próximo año, y atenerse al tironeo entre el oficialismo y la oposición.