“He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo estado. Aquí hemos capturado con la policía nacional, toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla, la mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional”. Con ese mensaje en la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro hizo mención a un operativo relacionado con el robo de tierras en esa zona del país.Es así como la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y en coordinación con la Fiscalía 8 Delegada contra la Corrupción ejecutaron en las últimas horas, una operación en los municipios de Barranquilla, Soledad, Malambo, Santo Tomás (Atlántico) y Cereté (Córdoba), que dejó como resultado la captura de 17 personas y la realización de seis allanamientos.Según las autoridades, los delitos imputados a los capturados incluyen peculado por apropiación, prevaricato, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.Parte del trino del presidente Petro. Foto:CortesíaLa operación forma parte de una estrategia nacional para enfrentar estructuras que afectan la función pública y la legalidad en la gestión de tierras.Dentro de los capturados se encuentran tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de policía, un calificador de instrumentos públicos, un notario y un asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Soledad. Los funcionarios habrían facilitado las acciones ilícitas a través de la omisión de sus funciones de control y verificación.“Este contundente resultado policial, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, responde a nuestro lineamiento de lucha frontal contra la corrupción”, dijo el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.La decisión fue emitida por la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal. Foto:CortesíaDe acuerdo con la investigación, el grupo señaladamente se dedicaba a legalizar predios de forma irregular, omitiendo el análisis jurídico de documentos presentados por particulares. Con esta estrategia lograban aparentar legalidad para tomar posesión de terrenos, que luego eran comercializados a través de engaños.Las autoridades indicaron que cerca de 277.000 metros cuadrados fueron afectados con este esquema. Los terrenos fueron adquiridos de manera fraudulenta, parcelados y vendidos a familias, al tiempo que se comprometieron proyectos urbanísticos y zonas de uso público que estaban destinadas a la construcción de colegios, centros infantiles y parques.Más de 1.800 familias residentes en las zonas implicadas habrían sido impactadas por esta situación. Como parte del proceso judicial, se adelantarán 16 nuevas imputaciones relacionadas con los mismos hechos, lo que elevaría a 33 el total de personas vinculadas formalmente a esta investigación.La oficina de prensa de la Policía de Barranquilla señaló “que se está consolidando un comunicado de prensa con los detalles preliminares de la operación. A esta hora avanza el proceso de judicialización”.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: