En medio del ruido por el supuesto nuevo vicio en el trámite de la reforma pensional, tras la segunda oportunidad que le dio la Corte para subsanar la irregularidad en el proceso por la que casi se cae en el filtro constitucional, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, allegó al alto tribunal un documento de 49 páginas en el que aborda la convocatoria a extras y la votación de la plenaria del 27 de junio, que —pese a la falta del mínimo de deliberación— terminó acogiendo el texto del Senado.Frente a la convocatoria a sesiones extraordinarias, el primer punto que aborda el documento, el representante Salamanca citó el Auto 841 de 2025 —el cual, según ha confirmado la misma Corte, aún no está oficializado y tiene en vilo tres firmas de magistrados—, que supuestamente ordenó devolver a la plenaria la Ley 2381 y “ordena al presidente de la corporación someter nuevamente a discusión y votación la proposición sustitutiva de acoger el texto aprobado por el Senado de la República”, se lee en el informe.Aseguró que fueron notificados el 27 de junio vía correo electrónico y que con base en el oficio anexado, convocaron a las sesiones extras para cumplir con la orden de la autoridad judicial.”Se entendía que, con dicha comunicación, la Corte Constitucional estaba materialmente ejecutando su decisión de devolver el expediente a la Plenaria de la Cámara de Representantes, mediante la actuación de su Secretaría General, conforme a lo dispuesto en la providencia”, dice el informe de la Cámara.Salamanca citó jurisprudencia de la Corte que abordaba las fechas de convocatoria luego de sus conceptos. El representante argumentó con estas sentencias que, contrario a lo que algunos constitucionalistas han señalado de que se llamó a sesiones de forma prematura, “tanto la comunicación de la decisión recibida el 27 de junio de 2025 como el comunicado 027 del 17 de junio del mismo año, informaron al suscrito sobre los mandatos judiciales que debían ser acatados por esta Corporación”.Sobre la votaciónA través del decreto 747 de 2025, el Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias el pasado 27 de junio a las 7:00 p. m., con el objetivo de subsanar el vicio en el trámite de la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional.La medida responde a una orden de la Corte Constitucional que, en el Auto 841 de 2025, aún pendiente de oficialización, ordenó devolver a la Cámara el texto de la ley, tras establecer que el segundo debate debía rehacerse desde el momento en que se cerró de manera intempestiva y anticipada la discusión de una proposición presentada por los representantes María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros.Según la bitácora de la sesión —remitida por el entonces presidente de la Cámara, antes del cambio de legislatura del 20 de julio—, el registro se abrió a las 8:00 p. m. y, una hora después, el nuevo presidente de la corporación exhortó a los congresistas ausentes, invocando el artículo 92 de la Ley 5ª de 1992.A las 9:17 p. m., el secretario general certificó la existencia de quórum deliberatorio. Desde las 10:25 p. m. y hasta las 11:18 p. m., varios representantes intervinieron en el marco de la discusión del orden del día. A las 10:46 p. m., se reiteró que el objeto del debate era precisamente ese punto, y con base en los artículos 145 y 160 de la Constitución, se ordenó anunciar la siguiente sesión extraordinaria, convocada para el 28 de junio a las 10:00 a. m.En efecto, al día siguiente se abrió registro a la hora prevista y se concedió el uso de la palabra para constancias. Durante esa jornada, se reafirmó que la convocatoria tenía como fin enmendar el vicio de procedimiento en la aprobación de la Ley 2381. Por instrucción de la Corte, debía discutirse y votarse nuevamente la proposición sustitutiva que buscaba acoger el texto aprobado por el Senado de la República.El informe de la Secretaría General da cuenta de al menos 12 intervenciones sustantivas durante el debate. “Luego de más de cuatro horas de discusión de la proposición sustitutiva del texto del articulado, siendo las 6:19 p. m., se cerró la discusión y se abrió el registro para la votación, dejando constancia de que ningún representante deseó intervenir adicionalmente, garantizando así la participación en la decisión de los congresistas presentes”, concluye el documento oficial.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia