Organizaciones sociales, comunidades indígenas y sectores académicos en Nayarit reiteraron su rechazo al proyecto hidroeléctrico Las Cruces, renombrado como “El Nayar”, al que califican como “una amenaza inadmisible para la región” y exigieron cancelarlo definitivamente.En conferencia de prensa, representantes del movimiento recordaron que este proyecto fue promovido desde 2008 por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Se extendió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero fue suspendido en 2017 a causa de un amparo a favor de los pueblos indígenas.El profesor Alberto Dávalos, integrante del grupo, dijo que esta obra sigue representando riesgos sociales, ambientales y culturales que no han sido atendidos.Foto: Especial “Mostramos con claridad que los supuestos beneficios potenciales no compensaban los enormes efectos previsibles que, en lo ambiental, lo económico, lo social y lo cultural, esta obra acarrearía para la población de forma irreversible. Tal y como ha sucedido en muchos otros lugares en los que este tipo de obras se han realizado”, dijo.Las organizaciones recordaron que la ciudadanía ha logrado detener el proyecto durante más de una década, mediante “la lucha social, política, jurídica y la fuerza espiritual de los pueblos originarios”.Consideraron esta resistencia “un triunfo del pueblo organizado por defender su territorio, sus bienes comunes y su derecho a determinar la forma como ha de construir su futuro y su bienestar colectivo”.Alberto Dávalos señaló que a pesar de la suspensión, en octubre de 2024, a partir de declaraciones y acciones del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, advirtieron que se reactivó la intención de retomar el proyecto bajo el nombre de “El Nayar”.Esto, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en diciembre pasado que no estaba contemplado en el presupuesto de egresos 2025; además, de que cualquier iniciativa similar debía ser analizada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).Ante ello, indicó el vocero, las comunidades alertaron sobre intereses económicos y políticos detrás del proyecto, e incluso mencionaron posibles planes de trasvase de aguas entre los ríos San Pedro y Acaponeta, incluso hacia otros estados como Baja California y Sonora, con el Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO).Sobre esto último, Dávalos pidió al gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, suspender colaboración con otros estados, y a los gobernantes de las otras dos entidades, les dijo que “Nayarit es para los nayaritas”.“Persiste la posibilidad de reactivación del proyecto” señaló Dávalos, quien advirtió que las megaobras implican “jugosas ganancias privadas” y “control territorial para la realización de otros proyectos legales e ilegales“.Imagen: Archivo Las comunidades hicieron un llamado al gobierno federal a cancelar de forma definitiva la presa hidroeléctrica, y en todo caso, exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, realizar una consulta democrática con énfasis en los derechos de los pueblos Na’ayeri, Wixaritari, Au’dam y Mexikan.También, derogar el artículo del Decreto de Reserva de Agua, publicado en 2014, que permite el uso del río San Pedro para generación eléctrica.“El actual momento histórico convoca al pueblo mexicano a defender con decisión la soberanía y los bienes públicos nacionales para hacer frente a la agresión imperialista en curso” concluyeron.Por su parte, Tukarima Carrillo, activista del pueblo Wixárika, recordó que en la región, los distintos pueblos originarios mantienen sitios sagrados que se verían afectados, como Muxatena, uno de los más importantes para los wixárika y na’ayeri.Situación que fue uno de los principales argumentos por los que se concedieron dos amparos a favor de los pueblos indígenas.Foto: Especial

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