Pese a que en diciembre pasado el litigio internacional por uno de los mayores desfalcos del país —el proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar)— cerró favorablemente para Colombia, la empresa norteamericana Foster Wheeler presentó un nuevo arbitraje contra el país, alegando una violación al tratado de protección comercial con Estados Unidos.El motivo de la reclamación se mantiene. La compañía alega que su inversión peligró a raíz de la investigación que abrió la Contraloría, en la que se hallaron irregularidades por más de 2,9 billones de pesos.Sin embargo, en diciembre pasado, el tribunal arbitral —conformado por José Emilio Nunes Pinto, John Beechey y Marcelo G. Kohen— la declaró inadmisible por haberse presentado de forma anticipada. La demanda fue radicada ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) antes de que el proceso de fiscalización concluyera con una sanción.Además, condenó a la empresa a pagar la totalidad de los gastos incurridos por la Nación en su defensa, incluidos los honorarios de los abogados.Finalmente, se terminaron por confirmar los argumentos de los demandantes y los hallazgos de la Contraloría, que —según se anunció en su momento— destapó uno de los escándalos de corrupción con mayor detrimento en la historia del país. La entidad sancionó por 2,9 billones de pesos a la compañía norteamericana y a siete exdirectivos de las refinerías y de las empresas aseguradoras.El fallo del Tribunal de CundinamarcaCasi que en simultáneo a la decisión del Ciadi, que fue interpretada por la Agencia de Defensa Jurídica como “el cierre del litigio internacional, con una condena en costas a favor de Colombia”, el Tribunal de Cundinamarca contrarió la investigación de la Contraloría.En un fallo inédito —por la trayectoria del escándalo y la solidez de los expedientes contra los implicados— el Tribunal le dio la razón al exmiembro de la junta directiva Hernando José Gómez, quien alegaba falencias en el proceso que concluyó en los entes de control.Gómez, quien había sido sancionado fiscalmente por la Contraloría, por orden del Tribunal ya no tendrá que pagar ninguna suma de los actos administrativos que salieron en su contra por el caso Reficar.”Si ya realizó algún pago, el mismo deberá ser devuelto”, se lee en el fallo. La orden también incluye la eliminación del nombre del demandante del Boletín de Responsables Fiscales.”No puede endilgarse dolo ni culpa grave al demandante cuando ni siquiera se logra saber de manera precisa y puntual la responsabilidad fiscal del demandante”, precisó la decisión judicial.Paralelo a la ‘rectificación’ del caso de Gómez, el Tribunal ahondó en el detrimento. Fuentes que llevaron el proceso contra el exdirectivo le indicaron a EL TIEMPO que nunca se probó el billonario daño que, según la Contraloría, se filtró por los controles de cambio 2 y 3 del proyecto de modernización.En el fallo de la Contraloría se vincula a Gómez a través de unas actas que ponen en evidencia las demoras progresivas presentadas en el proyecto y sobre las que habría tenido conocimiento.”Lo anterior evidencia que, siete meses antes de la aprobación del control de cambios 2, la administración de Reficar S. A. inició el estudio y evaluación de la modificación del presupuesto del Proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería de Cartagena, que concluyó con el incremento del CAPEX del mismo”, dice la magistratura.Precisamente, este sobrecosto por valor de 997 millones de dólares fue por el que se terminó configurando la pérdida patrimonial, determinada por la Contraloría en este mismo valor.Esta contradicción le da aire al proceso en las mesas de conciliación internacionales, que se reanuda con el nuevo arbitraje. En los tribunales domésticos, la última palabra la tendrá el Consejo de Estado, que determinará la apelación de la Contraloría sobre el fallo del Tribunal de Cundinamarca que eximió de responsabilidad a Gómez y negó el desfalco.Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia