En una solicitud de 20 páginas dirigida a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que pide una dura condena contra Alberto Jaramillo —el último cómplice pendiente en el caso por el que ya fue sentenciado Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano Piedad Córdoba, por narcotráfico—, el Gobierno de Estados Unidos volvió a dejar al descubierto que la DEA mantuvo bajo estrecha vigilancia a la fallecida senadora.El tribunal se apresta a emitir la sentencia contra Jaramillo, quien integraba una organización ilegal que junto con Álvaro Fredy Córdoba y Libia Amanda Palacio Mena (ambos condenados), buscaba establecer una red de suministro de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos.Alberto Jaramillo capturado en Colombia. Foto:archivo particularSegún el documento, conocido por EL TIEMPO, Estados Unidos pide que se condene a Jaramillo a 17 años de prisión, luego de que se declaró culpable el pasado 4 de marzo por tejer una alianza con supuestos miembros de un cartel mexicano. Sin embargo, los presuntos narcotraficantes eran en realidad informantes confidenciales de la DEA, quienes como parte de la investigación grabaron más de 300 llamadas y reuniones entre 2020 y 2022.El expediente judicial señala que Álvaro Córdoba ofreció buscar contactos para el tráfico de cocaína, mientras que Libia Amanda Palacio afirmó que se podían comprar votos para la campaña de Piedad Córdoba. A renglón seguido, detalló que la exsenadora había recibido “320.000” a cambio de un favor que les hizo a las Farc y al expresidente venezolano Hugo Chávez.”Palacio declaró que Piedad Córdoba, quien entonces se desempeñaba como senadora en Colombia y falleció en enero de 2024, había recibido “320.000” a cambio de un favor que les hizo a las Farc y al expresidente venezolano Hugo Chávez. Palacio también describió transacciones previas de narcóticos y múltiples de sus contactos relacionados con el narcotráfico”, dice en el expediente conocido por este diario.Alberto Jaramillo capturado en Colombia. Foto:archivo particularEn la solicitud de condena contra Jaramillo, Estados Unidos también cuestiona que tras la muerte de la fallecida líder política, el proceso siga abierto sin llegar al fondo de los responsables, incluyendo a varios proveedores y transportistas de cocaína que continúan prófugos.De acuerdo con la Fiscalía de ese país, Jaramillo ofreció conexiones directas con las Farc y con miembros de las fuerzas militares y policiales que podían garantizar la seguridad de los cargamentos. En diciembre de 2021, como prueba de la capacidad de producción que tenía la red, se entregó una muestra de cinco kilos de cocaína de “alta pureza” a los agentes encubiertos, con el compromiso de despachar 500 kilos semanales. El plan contemplaba transportar la droga desde Venezuela hacia Colombia, para luego cruzar Centroamérica y México hasta llegar a clientes en ciudades como Nueva York.En febrero de 2022, las autoridades colombianas arrestaron a Jaramillo, Palacio y Córdoba por solicitud de Estados Unidos. La captura fue en El Poblado, desde donde los trasladaron a Bogotá.Ya este diario había revelado la última carta que se jugó Álvaro, hermano de la polémica congresista, en la que admitió su responsabilidad en un complot para enviar cocaína a los Estados Unidos. Según Álvaro Córdoba, el proceso que terminó con su extradición a los Estados Unidos en 2022 -que en su momento marcó una ruptura entre la senadora Piedad Córdoba y el presidente Gustavo Petro, quien firmó la orden de envío- es un capítulo más del extenso expediente del famoso ‘cartel de los Soles’.La acusación contra Alberto JaramilloLa investigación comenzó en marzo de 2020, cuando Palacio contactó a los agentes encubiertos para ofrecer nuevas rutas y fuentes de suministro para un supuesto cartel mexicano. En grabaciones reveladas por la Fiscalía, Palacio aseguró tener acceso a las Farc, al ‘cartel de los Soles’ —una organización integrada por altos funcionarios venezolanos vinculados al tráfico de cocaína— y a líderes políticos colombianos.La operación incluyó un encuentro registrado el 25 de febrero de 2021 en un restaurante de Bogotá, donde Palacio presentó a los agentes encubiertos a un químico al que llamaba “Martín”. Según el expediente, este aseguró controlar varios laboratorios de procesamiento de cocaína en Colombia y detalló los precios, la logística y las técnicas utilizadas para producir la droga. Durante la reunión también se discutió el asesinato de dos policías, los costos de contratar sicarios y los métodos de adulteración de la cocaína, incluyendo la mezcla con placas de yeso.“El acusado (Jaramillo) sostiene que el Gobierno estaba finalmente interesado en Piedad Córdoba y que, con su fallecimiento, la motivación del Gobierno para continuar este proceso es indeterminada y, además, parece inequitativa, dado que los proveedores y transportistas de cocaína siguen prófugos, mientras que los tres coordinadores fueron los únicos castigados”, se lee en el expediente.Captura de Alberto Jaramillo. Foto:archivo particularEn una conversación con un agente encubierto, Álvaro Córdoba pidió más detalles sobre la asociación propuesta para el envío de cocaína y aseguró que, aunque en ese momento no tenía las conexiones necesarias, comenzaría a verificarlas. Según el informe, Córdoba aclaró que si lograba concretar algo, el agente podría pagarle después, sin necesidad de anticipos.También indicó que, aunque no era experto en el negocio, tenía amigos con experiencia en el “campo” que podrían presentarle a alguien con mercancía de alta calidad. Además, cuando el agente mencionó que “Martín” exigía dinero por adelantado, Córdoba advirtió que “eso nunca se paga por adelantado”, insinuando que podría tratarse de un engaño.En esa misma conversación, Córdoba aseguró tener un amigo con amplia trayectoria en el narcotráfico y con contactos dentro de las Fuerzas Militares, quien recientemente le había pedido ayuda en un trabajo. También habló de sus vínculos políticos, asegurando que dirigía la campaña electoral de su hermana, Piedad Córdoba, y que habían tenido una reunión reciente.El 16 de julio de 2021, en una llamada telefónica, Palacio presentó a Álvaro Córdoba a los agentes, describiéndolo como alguien con contactos de alto nivel en el gobierno colombiano. Antes de que Córdoba se uniera a la conversación, Palacio le dijo a uno de los agentes que él podía responder preguntas sobre “la señora”, en referencia a la entonces senadora Piedad Córdoba, y que podría ayudar en lo que quisieran lograr. Foto:Archivo particularSegún Palacio, el agente ya le había informado que estaba interesado en apoyar a Piedad Córdoba financieramente y con votos en las próximas elecciones, y que una organización mexicana de tráfico de drogas ofrecería respaldo político y económico a cambio de su ayuda para facilitar una asociación relacionada con cocaína.En esa llamada, Córdoba preguntó al agente en qué sector trabajaban él y sus asociados. El agente respondió que se dedicaban a la agricultura, la importación y la exportación, pero indicó que prefería discutir ciertos temas en persona. Córdoba respondió que lo entendía y que hablaría con Palacio al respecto.Cinco días después, Palacio le informó al agente por WhatsApp que “la Sra. Piedad” lo contactaría. Ese mismo día, Córdoba y Palacio realizaron una videollamada con el agente, que fue grabada. Durante la conversación, el agente explicó que él y sus socios buscaban ayuda para trabajar en Colombia a gran escala; que pagaban al gobierno mexicano por protección; que no pertenecían a ningún cartel específico, pero cubrían el uso de “plazas” en México; y que buscaban un “padrino” que los protegiera en Colombia. Córdoba respondió que sabía lo que necesitaban y que, si encontraba un contacto con esas características, les ayudaría a través de Palacio.Al día siguiente en otra llamada grabada, Palacio dijo al agente que Piedad Córdoba había escuchado al menos parte de la conversación anterior, pero que tenía reservas sobre discutir temas de narcotráfico por teléfono, dado que era una figura pública. Palacio también afirmó que Córdoba y Piedad Córdoba tenían conexiones en Colombia, Venezuela y Cuba, y que Álvaro Córdoba recibía instrucciones directas de “la señora”.Posteriormente, durante otro encuentro, Álvaro Córdoba llamó a Piedad Córdoba, quien devolvió la llamada poco después. Durante esa conversación, Piedad invitó al agente a asistir a una convención política que se realizaría en Bogotá.“El 23 de septiembre de 2021, Córdoba, Palacio y el agente asistieron al evento político en Bogotá. Durante la conferencia, Palacio habló con Piedad Córdoba, recordándole que había hablado con el agente por teléfono la semana anterior”, dice el expediente.La acusación contra Jaramillo se enmarca en un contexto más amplio que involucra a altos mandos venezolanos. En marzo de 2020, la justicia estadounidense acusó al presidente Nicolás Maduro y a los generales del corazón del chavismo: Clíver Alcalá y Hugo “El Pollo” Carvajal, por conspiración de narco-terrorismo junto con las Farc. Alcalá fue sentenciado en abril de 2024 a 21 años de prisión, mientras que Carvajal se declaró culpable en julio pasado.El Gobierno de Donald Trump pidió al tribunal que rechace categórica y contundentemente la afirmación del acusado de que, por ser colombiano, debería ser considerado menos responsable que un ciudadano estadounidense por participar en el narcotráfico.En su solicitud, sostuvo que “cualquiera que participe en el narcotráfico dirigido a los Estados Unidos —incluyendo en países donde el narcotráfico y la corrupción que lo permite son ‘rampantes’— debe ser considerado plenamente responsable y adecuadamente disuadido” mediante la “sustancial sentencia de encarcelamiento”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com

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