La oposición de las universidades privadas a los nuevos requisitos de calidad se desinfla | Educación

La oposición a los cambios en el decreto que regula la apertura de nuevas universidades, exigiendo mayores garantías de calidad, parece deshincharse. Este lunes se había convocado a 96 rectores (50 de las públicas, 43 de privadas en activo y otras cuatro en mantillas) y ninguno se ha plantado en las casi dos horas y media que ha durado la reunión del Consejo de Universidades, presidido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Nada hacía presagiar que el ambiente estuviese “tranquilo” y las aportaciones puntuales fuesen “constructivas, con tono sosegado y respetuoso”, según fuentes presentes. Quizás porque su perfil académico no se corresponde con el de los promotores de sus universidades. Había dos precedentes negativos: la Conferencia General de Política Universitaria, que reunió a Morant con los consejeros del ramo el pasado jueves y en la que le pidieron que retirase el texto, y los comunicados de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ―que denunció “un ataque injusto e injustificado a unas instituciones que han demostrado ser clave en la mejora de la calidad educativa”― y del Foro Emilia Pardo Bazán. Este segundo manifiesto se vendió como una declaración de 35 universidades privadas sin firmas en un principio y con sorpresas cuando se destapó el listado a petición de este diario. Al menos tres (Oberta, Vic y Ramon Llull) no compartían el contenido: “El proyecto genera una grave inseguridad jurídica y vulnera principios fundamentales como el de irretroactividad”.Ningún rector, ni siquiera el de Nebrija que preside el Foro Emilia Pardo Bazán, ha querido señalarse como el que pone trabas a la búsqueda de la excelencia académica. Los cambios en el decreto van a forzar a que los proyectos tengan el fallo favorable de un segundo informe de una agencia de evaluación (Aneca o las territoriales) para poder votarse en los parlamentos autonómicos. Y las iniciativas tendrán que cumplir aún más requisitos: como un mínimo de 4.500 alumnos o lograr un 2% de la financiación en concursos nacionales e internacionales de investigación. Solo la Universidad Europea del Atlántico, emplazada en Santander con mucho alumnado sudamericano, osó recurrir el decreto de 2021, el que ahora se quiere modificar para endurecerlo, y salió trasquilada. El Tribunal Supremo falló un año después: “Pretender que las universidades privadas operen en el vacío regulatorio resulta manifiestamente insostenible”. Con estos antecedentes nadie quiere ser centro de atención. Más allá de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ninguna comunidad ha anunciado que vaya a recurrir el decreto por invasión en sus competencias y eso que los gobiernos de Aragón y Extremadura, del PP, se juegan tres proyectos cada una. Tampoco ningún promotor de universidades ha hecho público su intención de ir a los tribunales; aunque la demanda de la Europea del Atlántico se conoció con el fallo del Supremo.Las privadas no van en bloque. Las hay de calidad muy diversa, con y sin lucro, y con una titularidad religiosa o sin ella. Y eso hace casi imposible ir a una. Las muy prestigiosas reconocen en privado que está en juego la calidad de todo el sistema y opinan que las puede salpicar por mancillarse el nombre de las privadas. Pero solo Oberta de Catalunya y Ramon Llull hablan abiertamente. La mayoría intenta escurrir el bulto, pero hay una idea muy extendida entre los empresarios: hay que dejar actuar al libre mercado y la calidad pondrá a cada campus en su sitio, fracasando las malas. Un argumento que no tiene en cuenta el desembolso de las familias, el tiempo empleado y las aspiraciones del estudiante y el riesgo de entregar un título de grado o posgrado habilitante a un dentista mal preparado o a un ingeniero que levanta un puente.La asociación que aúna a las 10 universidades públicas andaluzas bendice la modificación del decreto para que todos los centros académicos cumplan las tres funciones de la universidad: docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Pero su presidente, el rector de la Pablo de Olavide, Francisco Oliva, cree que ahora hay que hacer una segunda lectura: “El debate tiene que ser también estrategia universitaria por cada comunidad autónoma. No es solo qué tipo de universidad venga, sino qué docencia ofrezca, por qué quiere ponerse en ese territorio. En Andalucía creemos que el sistema está bastante saturado y hay muchas titulaciones bastante redundantes”. En esa comunidad se aprobaron cuatro universidades privadas en 10 meses. Dos (Europea y Alfonso X) abren en Málaga el próximo curso.Estos dos fondos de inversión tienen varios negocios en el alambre con los cambios en el decreto. La Europea aspira a abrir universidades en Asturias y Extremadura, y la Alfonso X al menos un centro adscrito en Avilés. También se ve afectado el Grupo CEU, de la Asociación Católica de Propagandistas y sin ánimo de lucro, interesado en abrir una universidad virtual en Jerez de los Caballeros (Badajoz); y esta semana se ha sabido que el gobierno balear ha autorizado la adscripción del futuro Centro Universitario Beato Luis Belda de Palma, a la Universidad San Pablo CEU.Reunión del Consejo de Universidades, con la ministra Diana Morant en el centro este lunes.JUAN MANUEL PENAPero la modificación del decreto va a obligar a que, si una universidad quiere abrir un centro adscrito en otra comunidad autónoma, tenga el beneplácito de la Conferencia General de Política Universitaria, que vota un informe técnico del Ministerio. Un aspecto en el que no se incide en los medios, pero que tiene trascendencia. Hasta ahora, las iniciativas se saltan así el trámite de tener que lograr la autorización del parlamento regional de turno y la obligación de investigar, pues se trata de un apéndice solo para docencia. Desde el CEU aclaran que seguirán adelante con sus planes en Baleares. Su posible implantación coincide con la conversión en trámites del centro adscrito Adema en la Universidad de Mallorca. Ambas quieren ofertar Medicina, a petición de los hospitales privados.En un comunicado, CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas) ha dado este lunes su apoyo al Gobierno: “En los últimos años hemos sido testigos de cómo se han creado numerosas universidades privadas que no reunían las características mínimas para ser reconocidas como tal, ni contaban con el informe positivo de las agencias de calidad competentes”. Tras terminar el consejo, incluso, el multitudinario grupo se ha hecho una foto de recuerdo en la entrada de la facultad de Educación de la UNED.