Luisa Alcalde acusa a Comité de la ONU de actuar con orientación ‘política e ideológica’

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acusó a “grupos” dentro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por su sigla en inglés), de actuar “de manera facciosa sin ningún elemento objetivo”, luego de que el órgano decidiera por primera vez en su historia abrir un procedimiento sobre desapariciones forzadas “sistemáticas o generalizadas” en México, lo que podría llevar el tema a la Asamblea General de Naciones Unidas.“No cabe duda que este señalamiento contra México tiene orientación política e ideológica. No les gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente”, aseguró la morenista en su cuenta de X.Apuntó que “no es la primera vez que grupos dentro de este organismo actúan de manera facciosa sin ningún elemento objetivo”, y añadió que desde 2018 el gobierno mexicano “no desaparece personas ni viola derechos humanos” y “tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad”.“Al contrario, como nunca se han desplegado estrategias de búsqueda y combate a la impunidad derivadas de este delito. El mejor ejemplo son las acciones implementadas en su momento durante el sexenio pasado, así como las que, con mucha contundencia, envió la Presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión en días recientes”, apuntó, en alusión a las iniciativas que la mandataria pausó en el Senado, con el objeto de buscar la opinión de los familiares de desaparecidos.El pasado fin de semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) emitieron una comunicación en la que aseguraron que “el gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado. México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia”.Foto: Fernando Carranza/CuartoscuroEl procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señala: “Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado al Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.El presidente de la CED, Olivier de Frouville, afirmó que, “de acuerdo al procedimiento de comunicación urgente, el procedimiento de comunicaciones individuales del artículo 31, y también basándonos en el procedimiento previsto en el artículo 34, conforme con este último, el Comité recibió información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”.La CED solicitó a México “toda la información pertinente en relación con estos hechos, lo cual no prejuzga las próximas etapas del procedimiento”.El expresidente de la CED, Santiago Corcuera, consideró en Aristegui en Vivo como un “error muy grave” el hecho de que el gobierno de México niegue la participación activa del Estado en estos crímenes, pues el CED nunca afirmó tal extremo.“El Comité no ha afirmado que se trate de una política de Estado. Ese es un error que ha cometido el gobierno mexicano al intentar desvincularse de cualquier responsabilidad, aunque las desapariciones puedan ocurrir bajo la aquiescencia del Estado”, añadió.Resaltó que la negación de cualquier vínculo con las desapariciones forzadas es una postura errónea, porque el Derecho Internacional establece que un acto ilícito cometido por funcionarios públicos, aunque no sea ordenado de manera directa, puede constituir una responsabilidad del Estado. “Cuando un agente del Estado no hace lo que debe hacer para evitar o sancionar estos crímenes, se considera aquiescencia. Y eso puede implicar que las desapariciones no son solo de actores no estatales, sino que pueden ser consideradas forzadas”, explicó.En este sentido, el expresidente del CED destacó la idea de que la responsabilidad no solo recae en los perpetradores directos, sino en el Estado por su omisión o negligencia.Por su parte Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, consideró que la activación del artículo 34 implicará una mayor presión internacional sobre México.“La preocupación de la comunidad internacional no es solo por un caso aislado de desaparición, sino por un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos”, explicó. “Es por ello que la Asamblea General de la ONU y otras instancias internacionales tienen la competencia para intervenir y buscar soluciones a este grave problema”, enfatizó.Para Dayán, el Estado mexicano debe reconocer “la necesidad de colaborar con los colectivos de víctimas y con expertos internacionales para encontrar soluciones a este problema. México necesita ayuda externa para superar el caos en los registros, mejorar los procesos de identificación y, sobre todo, garantizar que las víctimas obtengan justicia”.