La Sala Plena de la Corte Constitucional del miércoles 23 de julio se anticipa tensionante. Ese día, los magistrados deberán expedir el Auto 841 de 2025, un trámite administrativo que parecería rutinario, pero que, por cuenta de que el Congreso se adelantó con las sesiones extras para subsanar el vicio de trámite de la reforma pensional, desató un debate dentro del alto tribunal.EL TIEMPO reveló hace tres semanas que estaba en vilo la firma de tres magistrados, Vladimir Fernández, Natalia Ángel y Miguel Polo Rosero, quienes a última hora se echaron para atrás con la decisión que había quedado consignada.Este es el informe que envió la Cámara de Representantes a la Corte sobre la subsanación del vicio. Foto:Archivo particularEl pasado 27 de junio, dos días después de que la Corte difundiera el comunicado de prensa con apartes de su decisión de devolver al Congreso la Ley 2381 para su debida deliberación —procedimiento que, según la magistratura, no se cumplió durante su cuarto y último debate en Cámara—, el Congreso sesionó en extras para corregir esta omisión.El afán en la convocatoria del Congreso obedeció a que se buscaba que la norma entrara en vigencia antes del primero de julio. Sin embargo, la decisión de la Corte del pasado 17 de junio también suspendió los efectos de la ley, excepto dos artículos, hasta que se estudie de fondo si la subsanación fue efectiva.El pulso en la CorteMientras tanto, en la Corte Constitucional ya se empiezan a mover las fuerzas. EL TIEMPO conoció, por fuentes del alto tribunal, que entre los magistrados se han hecho llamadas para revalidar las firmas del auto que quedó listo antes de que, por agenda, la Sala Plena tomara un receso.La Cámara de Representantes ya allegó el informe de subsanación, realizado durante las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio, en la que se acogió nuevamente el texto del Senado; una decisión controvertida con la que, según voces como la de la exvicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, se incurrió nuevamente en un vicio de trámite.Cámara de Representantes aprueba la reforma pensional. Foto:Ministerio de TrabajoEl miércoles 23 de julio, la Sala Plena se dedicará de lleno a sacar el auto. Según fuentes del alto tribunal, además de los tres magistrados que ya se reversaron, podría haber otros que, aun con la firma, se retracten y busquen modificar el documento.El oficialismo, así como los togados que se inclinan hacia el progresismo o que han fallado favorablemente al Presidente, esperan que la decisión se apegue al trámite ya surtido en la Cámara, para que la norma pase el filtro de constitucionalidad. Es decir, que se diga explícitamente que la debida deliberación puede considerarse surtida con el debate del articulado, aun cuando se haya acogido en su totalidad el texto aprobado por el Senado, como ocurrió en la plenaria del pasado 27 y 28 de junio.El impedimento del magistrado CarvajalTal como lo reveló este diario, el magistrado Héctor Carvajal —quien fue abogado del presidente Gustavo Petro y fue ternado por él— asesoró legalmente a Colpensiones sobre los conceptos de la reforma, cuando esta aún era una propuesta de ley. Por este millonario contrato, debería declararse impedido para decidir sobre la decisión final, ya que no participaría en la firma del auto, y la decisión seguiría en manos de la magistrada encargada, Cristina Pardo. En ese caso, para evitar un empate, la Corte llamaría a un conjuez, escogido entre los 18 disponibles, para reemplazarlo. El sorteo se realizaría durante la Sala Plena.Debate de la reforma pensional el 28 de junio. Foto:Prensa Cámara.El magistrado Carvajal podría presentar su impedimento hasta el momento en que el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, notifique el sentido de la nueva ponencia sobre la reforma. Si no lo hace, podría ser recusado, siempre y cuando la solicitud se haya presentado dentro de los tres días siguientes a su posesión, que es el plazo previsto para radicarla, dado que la demanda ya estaba en curso en el alto tribunal cuando fue elegido.Si decide no hacerlo, inclinaría fuertemente la balanza hacia el sector gobiernista, que, con los magistrados Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero, Natalia Ángel y, eventualmente, Juan Carlos Cortés, conformaría la mayoría.En cuanto al estudio de fondo sobre la subsanación del trámite, los caminos siguen siendo tres: declarar la norma exequible, inexequible o, aunque es menos común, adoptar una fórmula intermedia que exhorte nuevamente al Congreso a completar alguna fase del procedimiento que, por la premura con la que se convocaron las extras, se hubiera pasado por alto. Esta orden incluso podría incluirse en el auto que saldría esta semana y, con base en esa decisión, se podría convocar de nuevo al Legislativo para corregir el proceso.#Petro apuesta sus reformas clave en la última #legislatura Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia