María Luisa Carcedo: “Los retrasos que se están produciendo en los tribunales incumplen la ley de la eutanasia” | Sociedad

María Luisa Carcedo Roces (San Martín del Rey Aurelio, Asturias, 71 años) ha sido una de las protagonistas de la regulación de la eutanasia en España. Primero como ministra de Sanidad, entre septiembre de 2018 y enero de 2020, y luego como ponente por el PSOE de la ley orgánica que acabó reconociendo la práctica como un derecho de la ciudadanía —en vigor desde junio de 2021—. Esta licenciada en Medicina nacida en la cuenca minera asturiana ha sido parte del desarrollo de una norma que hoy se sigue topando con obstáculos en su aplicación. Noelia, de 24 años, ha visto paralizado el acceso a una muerte digna por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hasta que los jueces resuelvan con sentencia firme el recurso presentado por su padre, en un escenario que incumple el contenido y el espíritu de la ley, según sus promotores. Mientras, la mujer ha visto como el sufrimiento “grave, crónico e imposibilitante” que la llevó a pedir la eutanasia se ha hecho “más difícil de controlar y soportar” y siente que vive de forma “indigna”. Un caso parecido al de Francesc, de 54 años, cuyo padre —con el que no mantenía relación— también se ha opuesto a la voluntad de su hijo. Hasta el 31 de diciembre de 2023, un total de 697 personas habían podido morir según sus deseos bajo el paraguas de la ley, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Pero la espera media para hacerlo es de 75 días, más del doble de los 35 días previstos, y muchos enfermos mueren en medio del sufrimiento sin que el sistema sanitario cumpla los plazos de una norma que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y que se acerca a los tres años de vigencia. Atiende a EL PAÍS por teléfono. Pregunta. ¿Cómo valora la aplicación de la ley?Respuesta. En general, de forma positiva, aunque estamos viendo algunos casos con retrasos en los tribunales en los que, según la voluntad del legislador, no se está cumpliendo su contenido. Esto supone que estos ciudadanos no se han podido acoger a los derechos que tienen garantizados. Es algo grave, aunque los datos publicados muestran que son casos excepcionales y que, poco a poco, la aplicación se está normalizando en todas las comunidades autónomas.Pregunta. ¿Por qué algunos jueces están paralizando procesos por recursos de familiares cuando la ley establece que la eutanasia es un derecho individual?Respuesta. No lo sé, no puedo juzgar a los jueces. La ley es muy garantista al preservar la voluntad exclusiva de la persona. Nadie más puede intervenir ni interferir. Incluso prevé mecanismos para solventar los recursos sin que el proceso se alargue innecesariamente. La disposición adicional 5ª establece que, para evitarlo, se tramitarán por el procedimiento rápido previsto en la protección de los derechos fundamentales. Ha habido otros recursos, como en Galicia, en los que la respuesta de los jueces ha sido clara y rápida al reconocer los derechos de la solicitante. P. En el caso de Noelia, la jueza argumentó la paralización de la eutanasia aduciendo que no concurría un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante”. ¿Es el papel de los jueces entrar a valorar eso?R. No, eso lo deben hacer el médico responsable del paciente y el médico consultor. Son los que tienen el conocimiento médico necesario. Ni siquiera las comisiones de garantía que, según establece la ley, han creado las comunidades autónomas, entran en eso. Las comisiones verifican que el procedimiento se está tramitando conforme a lo establecido. Pero la decisión corresponde a los facultativos.María Luisa Carcedo.Manu BraboP. ¿Existen grietas o deficiencias en la ley que expliquen estos casos?R. No, de esto estoy segura porque se tuvo mucho cuidado en la redacción, que es muy garantista. La ley establece el derecho de la persona a la eutanasia y esto está amparado en derechos fundamentales reconocidos en varios artículos de la Constitución. En el 1.1, que recoge el valor superior a la libertad. En el 15, que habla del derecho a la vida, pero también a la integridad física y moral. En el 10, el relativo a la dignidad. El 16, a la libertad de creencias. Y el 18, al derecho a la intimidad y la propia imagen. P. Tras lo sucedido, ¿podría ser conveniente alguna reforma de la ley para evitar casos como estos?R. Sinceramente, no lo creo. Los problemas que están surgiendo no tienen su origen en la ley, sino en cómo se está interpretando a pesar del aval del Tribunal Constitucional. Y, si se abre la vía de la reforma, se corre el riesgo de que el resultado acaben siendo incierto.P. ¿Por qué era necesario regular la eutanasia?R. Era una demanda de la sociedad a la que había que dar respuesta de forma inaplazable. Todas las encuestas y estudios realizados en los 30 años anteriores mostraban un apoyo abrumador a la eutanasia en España. Incluso entre los católicos, son más los que la apoyan que los que la rechazan. Además, hay una recomendación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que llama no solo a despenalizarla, sino a regular el procedimiento. No tuvimos ninguna duda de que teníamos que reconocerla como un derecho. Se llegaron a recoger un millón de firmas pidiendo la regulación de la eutanasia, era un clamor de la sociedad.P. ¿Un clamor?R. Sí. Hubo casos que tuvieron un enorme impacto social. El de Maribel Tellaetxe, el de María José Carrasco… Fueron historias muy dolorosas, mujeres valientes que junto a sus familias ayudaron a la sociedad a tomar conciencia de que prolongar la vida contra la voluntad de una persona, dejarla sometida a un gran sufrimiento, es algo que atenta contra la dignidad del ser humano y los derechos que debe tener garantizados. También fue importante el caso de Ramón Sampedro y la película que sobre él hizo Alejandro Amenábar, que es extraordinaria por la forma en la que expone un tema tan delicado. Esas historias personales generaron una corriente de empatía en una sociedad que tuvo claro que el derecho a un final de la vida digno es algo que debe ser garantizado. P. Imagino que tuvieron claro que, a pesar de todo este apoyo, iba a haber resistencias.R. Estaba claro que iba a haber sectores que iban a estar en contra, también la Iglesia, a pesar de que las encuestas dicen que incluso entre los creyentes el apoyo a la eutanasia es mayoritario. El sufrimiento y la muerte digna es algo que entronca con la condición humana más allá de las creencias que uno pueda tener. Pero sí, lo sabíamos y tuvimos mucha precaución y cuidado.P. ¿Qué factores tuvieron más en cuenta?R. El primero ya lo hemos comentado, que es el anclaje de la ley en los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. También fuimos muy cuidadosos con la realidad territorial y el respeto a las competencias autonómicas para evitar que por esa vía pudiera paralizarse la ley en el Tribunal Constitucional. Otro punto importante fue introducir la eutanasia en el derecho sanitario, incorporándola a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.P. Uno de los elementos que fue contestado por los promotores de la eutanasia fueron las comisiones de garantías autonómicas, que se tildaron de innecesarias y que podían dilatar el proceso, como en ocasiones está ocurriendo.R. Creo firmemente que eran necesarias y la ley establece unos plazos muy claros para evitar esas dilaciones. No podemos olvidar el sufrimiento que padece quien solicita la eutanasia. Las comisiones nos ayudaban también a garantizar que la ley tenga una aplicación homogénea en todo el país. Pero lo más importante era dar una mayor seguridad a todos los implicados en el proceso, a los solicitantes y a los profesionales sanitarios. Pasar de la vida a la muerte es irreversible y todas las garantías que establezcamos me parecen pertinentes y necesarias.