Uno de los supuestos cerebros del entramado corrupto para saquear a la UNGRD, Carlos Ramón González, está a punto de ser enviado a prisión mientras continúa la investigación. Sin embargo, esa decisión ya no la tomará la Corte Suprema de Justicia, sino que le correspondió al Tribunal Superior de Bogotá. El magistrado Leonel Rogeles, del Tribunal, hace unos días ordenó que González sea recluido porque en 2023 habría intentado comprar los votos de congresistas como Iván Name y Andrés Calle, a punta de contratos y dinero en efectivo. “Para proteger a la comunidad del actuar criminal desplegado por este ciudadano, es preciso imponerle medida restrictiva de la libertad debido a que se le reprocha su probable vinculación a la organización criminal”, dijo el magistrado. El abogado defensor Iván Cancino, inconforme con lo decidido, apeló y la orden de enviarlo a prisión pasó a la Corte Suprema para ser revisada nuevamente. No obstante, por cuenta de la reciente reforma a la justicia aprobada en el Congreso y sancionada por el presidente Gustavo Petro, ese examen lo tendrá que hacer el mismo Tribunal de Bogotá. Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Foto:Archivo particularCancino le explicó a EL TIEMPO que, en efecto, el Tribunal tendrá que programar, en su Sala Penal y con un magistrado distinto a Rogeles, una audiencia para resolver la apelación elevada.La modificación El cambio de juez para Carlos Ramón González se produjo por la reciente Ley 2477 de 2025, que llevaron al Congreso tanto la Corte como la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. En su segundo artículo, se hace una modificación a un parágrafo del Código de Procedimiento Penal, con lo cual quedó establecido que la función de control de garantías que antes le correspondía a la Corte, ahora le tocará al Tribunal. Magistrados de la Corte Suprema. Foto:Corte Suprema.”En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la función de juez de control de Garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Los autos proferidos en ejercicio de esta función serán susceptibles del recurso de apelación ante la Sala que le sigue en turno del mismo tribunal”, dice el artículo.El caso de González y la revisión de InterpolEl expediente en contra del exjefe del Dapre y la DNI en el gobierno Petro parte de que en 2023, habría enviado a Sandra Ortiz como enlace para contactar a los congresistas Iván Name y Andrés Calle. Supuestamente, a González le interesaba que en el Legislativo pasaran las reformas del Ejecutivo, y para ello habría echado mano de recursos de la UNGRD con el fin de comprar votos. Audiencia contra Carlos Ramón González por caso UNGRD. Foto:Archivo particularA través de Ortiz y del exsubdirector de la Unidad Sneyder Pinilla, terminaron entregándose a Name y Calle 4.000 millones de pesos en efectivo, plata que ellos niegan haber recibido.Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Carlos Ramón González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, los cuales no aceptó. Asimismo, le solicitó al Tribunal de Bogotá que lo envíe a prisión, lo cual fue acepto y por ende hay una orden de captura vigente para los 196 países que pertenecen a Interpol. Precisamente, fuentes allegadas al proceso, le explicaron a este diario que en Francia, donde queda la sede principal de Interpol, se está revisando esa orden que expidió el magistrado Leonel Rogeles.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com