La llegada de Amelia Pérez a la dirección de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha hecho mella en el sindicato de trabajadores, que ha denunciado presuntas vulneraciones a sus derechos laborales. A las pocas semanas de aterrizar en el cargo, en diciembre pasado, la entidad terminó el contrato de 41 funcionarios que se encontraban en periodo de prueba y despidió a 15 más sin justa causa, según la información de su oficina de Recursos Humanos. La salida masiva de personal fue la primera alarma que puso Siptra SAE. Sin embargo, tres meses después han acumulado otra serie de denuncias sobre supuestas vulneraciones a los derechos laborales. También cuestionan los perfiles de los asesores que llegaron al círculo cercano de la presidenta, un cambio metodológico de los procesos de la entidad y un presunto millonario contrato con una firma de abogados para la asesoría en la mesa de negociación con el sindicato.Frente al punto de las 41 terminaciones de los contratos, la SAE -que tiene más de 1000 trabajadores- le aseguró a este diario que, al ser durante el periodo de prueba, se dieron en el “ejercicio de la facultad que le asiste al empleador de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 9 del reglamento interno y la cláusula 5 de los contratos de trabajo de SAE S.A.S”. Amelia Perez, presidenta de la SAE Foto:SAENo obstante este blindaje legal, fuentes de los trabajadores denuncian anomalías. “Todas las personas que fueron desvinculadas de la entidad mientras estaban en periodo de prueba, es decir, con menos de dos meses de trabajo, tenían evaluaciones positivas. Incluso, los contratos incluían un parágrafo —que luego fue eliminado tras esta situación— en el que se especificaba que la no aprobación del periodo de prueba debía estar respaldada por dicha calificación”, le dijo a este diario uno de los funcionarios.También denunció que “uno de los directivos escribió a través de un grupo de WhatsApp que le habían solicitado que evaluara negativamente a las personas que tienen periodo de prueba. Él se rehusó a seguir esta orden y también le solicitaron la renuncia”. Siptra SAE escaló este reclamo a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que amplificó los reclamos a nivel nacional.De acuerdo con las cifras entregadas por la SAE, desde la llegada de la presidenta Amelia Pérez Parra se han ordenado 15 terminaciones sin justa causa. Los trabajadores aseguran que la dirección justificó los despidos argumentando ajustes presupuestales y falta de idoneidad para los cargos. Sin embargo, según el sindicato, de los 41 despedidos, solo dos eran profesionales de primer nivel, mientras que el resto eran técnicos, tecnólogos y personal de servicios generales.Contrato con la firma de abogados que representa a la SAE en el mesa con el sindicato Foto:Archivo particular”Se argumentó que los despedidos no contaban con la idoneidad para los cargos; sin embargo, varios de ellos –al menos cuatro, según nuestra confirmación– habían sido contratistas por más de un año en la entidad y su contrato había sido formalizado tras demostrar su idoneidad y capacidad dentro de los equipos”, señaló el sindicato.Sin embargo, desde la dirección de la entidad, una vez se hicieron públicos los despidos en diciembre pasado, aseguraron que ningún trabajador que hubiera superado el período de prueba fue desvinculado y que las nuevas contrataciones se realizarían conforme al presupuesto y a las necesidades específicas.Por la salida masiva, asegura el sindicato, el clima laboral en la entidad está en su peor momento. Indicadores por debajo del 50 % alertan sobre una situación grave y, de acuerdo a sus mediciones, las encuestas entre los trabajadores arrojan un 24 %.Los cuestionamientos a los asesoresEste diario confirmó directamente con la SAE que Carlos Felipe Useche, Andrés Felipe Salazar y Mery Janeth Gutiérrez se encuentran vinculados a la entidad mediante un contrato de prestación de servicios para asesorar el despacho de la presidenta.Sus llegada a la dirección, de la mano de Pérez, también creó ampolla en el sindicato por los perfiles políticos. Según fuentes de este gremio, Mery Janeth es “actualmente la persona más poderosa en la entidad después de Pérez” y, si bien ha estado cerca al progresismo, tiene ruidos por un supuesto conflicto de interés que frustró su nombramiento como ministra de las TIC a comienzos de este Gobierno. Según una denuncia difundida por Daniel Coronell, Gutiérrez, “socia mayoritaria de la empresa productora Programar TV, se comprometió a entregar el 20% de esa compañía a Ruth Dary Forero, quien fue coordinadora del Grupo de Contratación del Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes), entidad que habría adjudicado varios contratos a Programar TV”, informó Coronell en W Radio.Por su parte, Carlos Felipe Useche, según el sindicato, “había sido apoderado en unos procesos de adjudicación de tierras del paramilitarismo”. Sin embargo, este diario se comunicó con el abogado, quien desmintió la información.”Yo representé a las víctimas desplazadas. Defendí a los despojados de la guerrilla y los paramilitares en un procesos de una finca en San Onofre. Están tergiversando la información porque me consideran uribista, pero no lo soy”, dijo Useche.Y Salazar, “si bien viene de organizaciones sociales, ha estado en el círculo de Alejandro Gaviria y hoy, en la mesa de negociación de los sindicatos, tiene posturas antisindicales”, precisaron las fuentes.Comisión de Acusaciones archiva tres procesos contra Petro. Foto:También cuestionan la contratación de la firma de abogados López y Asociados por 50 millones de pesos para negociar en la mesa de diálogo con el sindicato. “Es muy conocida por ser una firma antisindical que ha representado casos como el despido masivo de 600 trabajadores de General Motors el año pasado, así como otros procesos relacionados con trabajadores sindicalizados del sector agrícola”, explicó la fuente. Cambio en la metodologíaDesde las entrañas de la SAE, además, han expresado sus reparos con lo que han denominado como el “desmonte de la política de democratización de activos. Afirman que “muchos de los procesos en marcha para asignar tierras a organizaciones sociales están detenidos”.Esta información, nuevamente, fue refutada desde cercanos a la dirección quienes aseguran que la entidad “ha dado unos resultados que nunca antes ningún director ha entregado, específicamente en los procesos de entrega de tierras a organizaciones sociales”.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia